El Congreso de los Diputados (Cámara baja) de España aprobó hoy aquí una controvertida reforma constitucional pactada entre el gobierno y el conservador Partido Popular (PP) para limitar por ley el déficit público, dio a conocer Prensa Latina.

Por 316 votos a favor y cinco en contra, la Cámara baja de las Cortes Generales (Parlamento) dio luz verde a la iniciativa, que según sus promotores busca garantizar la estabilidad presupuestaria, aunque sus críticos la ven como una nueva concesión a los mercados.

De esa manera, la modificación a la Carta Magna, acordada hace una semana por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la derecha, encarnada por el PP, pasa ahora al Senado (Cámara alta) para su visto bueno definitivo.

Los defensores del cambio en la norma suprema, socialistas y conservadores, aprovecharon la hegemonía de ambas fuerzas en el Congreso para llevarla adelante, labor a la que apenas lograron sumar a la centroderechista Unión del Pueblo Navarro.

PSOE y PP no lograron el apoyo de Convergencia y Unión (CyU, derecha nacionalista catalana), con la que estuvieron negociando hasta último momento dos enmiendas transaccionales que no pudieron votarse por el veto de Izquierda Unida (IU).

Al final, CyU optó por no participar en la votación del texto, al igual que hicieron IU y el Partido Nacionalista Vasco, aunque todos sus diputados permanecieron dentro del hemiciclo.

Por el contrario, los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Gallego, Iniciativa por Cataluña Verdes (ICV) y Nafarroa Bai abandonaron el plenario en rechazo a lo que calificaron de golpe constitucional.

Para los grupos minoritarios, el pacto entre socialistas y conservadores atenta contra el estado de bienestar y provocará más recortes sociales y laborales y la privatización de servicios públicos.

Acusaron al PSOE y al PP, principal fuerza de la oposición, de sacrificar la soberanía política, al someter la democracia a los chantajes de los especuladores.

Denunciaron que los dos partidos mayoritarios sacrificaron, además, la soberanía popular, al eludir la convocatoria de un referendo para que los ciudadanos se pronunciaran sobre este cambio en la Ley Fundamental.