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El drama del hambre toma de nuevo actualidad a raíz de la emergencia alimentaria en el Cuerno de África, pero las hambrunas son una realidad cotidiana silenciada. En todo el mundo, más de mil millones de personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), tienen dificultades para acceder a los alimentos. Una hambruna que tiene causas y responsabilidad políticas.

África es una tierra expoliada. Sus recursos naturales han sido arrebatados a sus comunidades a lo largo de siglos de dominio y colonización. Aunque no solo se trata del expolio de oro, petróleo, coltán, caucho, diamantes... sino, también, de agua, tierras, semillas que dan de comer a sus habitantes. Si el 80 % de la población en el Cuerno de África, como indica la FAO, depende de la agricultura como principal fuente de alimentos e ingresos, ¿qué hacer cuando no hay tierra que cultivar?

En los últimos años, la oleada creciente de privatizaciones de tierras en África (su compra por parte de gobiernos extranjeros, multinacionales agroalimentarias o fondos de inversión) ha hecho aún más vulnerable su precario sistema agrícola y alimentario. Con campesinos y campesinas expulsados de sus tierras, ¿dónde cultivar aquello que comer? Muchos países, consecuentemente, han visto reducir drásticamente su ya limitada capacidad de autoabastecimiento, después de décadas de políticas de liberalización comercial que han menguado su capacidad productiva.

La crisis alimentaria y financiera, que estalló en el 2008, dio lugar, como ha documentado ampliamente la organización internacional GRAIN, que apoya a campesinos y agricultores, a un nuevo ciclo de apropiación de tierras a escala global. Gobiernos de países dependientes de la importación de alimentos, con el objetivo de asegurar la producción de comida para su población más allá de sus fronteras, y agroindustria e inversionistas, ávidos de nuevas y rentables inversiones, vienen adquiriendo desde entonces fértiles tierras en países del Sur. Una dinámica que amenaza la agricultura campesina y la seguridad alimentaria de estos países.

Se calcula que desde el año 2008, se han adquirido por esta vía alrededor de 56 millones de hectáreas de tierra a escala global, según datos del Banco Mundial, la mayor parte, más de 30 millones, en África, donde la tierra es barata y su propiedad comunal la hace más vulnerable. Otras fuentes, como el Global Land Project, hablan de entre 51 y 63 millones de hectáreas solo en África, una extensión similar a la de Francia. Se trata de arrendamientos, concesiones o compra de tierras, las formas de transacción pueden ser múltiples y a menudo opacas, en una dinámica que algunos autores han calificado de "nuevo colonialismo" o "colonialismo agrario", al tratarse de una recolonización indirecta de los recursos africanos.

El Banco Mundial ha sido uno de sus principales promotores desarrollando, junto a otras instituciones internacionales como la FAO, la Agencia para el Comercio y el Desarrollo de Naciones Unidas (UNCTAD) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), lo que se ha venido a llamar "Principios para una Inversión Agrícola Responsable", que legitiman la apropiación de tierras por parte de inversores extranjeros. A través de la International Finance Corporation (IFC), la institución afiliada al Banco Mundial que se ocupa del sector privado, ha promovido programas para eliminar barreras administrativas, cambiar leyes y regímenes fiscales en países del Sur e incentivar así las inversiones.

Otros países de África como Mozambique, Ghana, Sudán, Malí, Tanzania, Kenia han arrendado millones de hectáreas de su territorio. En Tanzania, el Gobierno de Arabia Saudita ha adquirido 500 000 hectáreas de tierra para producir arroz y trigo para la exportación. En el Congo, un 48 % de su territorio agrícola está en manos de inversionistas extranjeros. En Mozambique, más de diez millones de tierras arrendadas.

La conferencia académica Global Land Grabbing, que tuvo lugar en Gran Bretaña en abril del 2011, señaló el impacto negativo de dichas adquisiciones. Más de un centenar de estudios de casos documentados mostraban cómo estas inversiones no tenían ningún efecto positivo para las comunidades locales, al contrario, generaban desplazamientos y mayor pobreza.