Familiares de más de dos mil peruanos desaparecidos esperan que el gobierno ponga en marcha un Plan Nacional de Exhumaciones para encontrar a sus parientes perdidos, dijo hoy un activista humanitario.

El expresidente de la desactivada Comisión de la Verdad que investigó la violencia de la llamada guerra interna de 1980 a 2000, Salomón Lerner Febres, hizo el comentario con motivo del Día Internacional de los Desaparecidos.

Según Lerner, el plan citado debe ser parte de la política de reparaciones a los afectados por la violencia de esos años, prometida la semana pasada por el primer ministro, Salomón Lerner, para satisfacción de organizaciones de derechos humanos.

Recordó que el informe de la Comisión de la Verdad, presentado en agosto de 2003, incluyó un registro preliminar de dos mil 144 desaparecidos.

La nómina debió completarse con investigaciones de los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06) y Alan García (2006-11), los que no cumplieron la tarea.

Según el citado informe, el mayor número de desaparecidos (722), principalmente tras ser detenidos por fuerzas militares, policiales o paramilitares, se registraron bajo el primer gobierno de García (1985-90).

Hubo además 679 desapariciones bajo la administración de Fernando Belaunde (1980-85), 559 bajo la de Alberto Fujimori (1990-2000) y 184 en fechas por determinar, advirtió Prensa Latina.

La falta de esclarecimiento provoca que en las familias de los desaparecidos y en la sociedad peruana haya heridas que no han cerrado.

Lerber añadió que las exhumaciones de restos sepultados en fosas comunes abrirán un camino de esperanza y justicia para los familiares de las víctimas, a fin de que terminen de procesar debidamente el duelo por la pérdida de sus seres queridos.

Según dijo, el Plan Nacional de Exhumaciones debiera comenzar con la determinación de los lugares de los enterramientos y que, una vez extraídos los restos e identificadas, las fosas deben ser declaradas santuarios, una reparación simbólica a los desaparecidos.

Recordó el reciente hallazgo casual de los restos de nueve campesinos apresados y asesinados en 1992 por el paramilitar Grupo Colina, dedicado a ultimar sospechosos de actividades armadas bajo el régimen de Fujimori.