RAMÓN SÁNCHEZ-PARODI MONTOTO

La vida política y financiera de Estados Unidos —y del mundo— se ha mantenido en vilo durante las últimas semanas debido a la confrontación entre el Congreso y el presidente Barack Obama alrededor de la decisión de elevar la cifra tope autorizada para la deuda federal del país.

El financiamiento de las campañas electorales se ha privatizado, dándole rienda suelta al gran capital, al engaño y la manipulación de la ciudadanía a través de costosas operaciones mediáticas.

Nada de lo sucedido ha detenido los trabajos de recaudación de los equipos de campaña de los aspirantes a la candidatura presidencial, tanto del de Obama como el de los diversos aspirantes republicanos.

Desde comienzos de este siglo, las formas y mecanismos para financiar los procesos electorales en Estados Unidos han sufrido importantes cambios como resultado del uso de la electrónica y de decisiones tomadas por la Comisión Electoral Federal y el Tribunal Supremo Federal, lo que ha facilitado incrementos sin precedentes en los costos de las campañas electorales.

Durante el siglo XX, hubo intentos y se tomaron acciones legislativas y ejecutivas para regular las contribuciones personales y de corporaciones y entidades sociales para las campañas electorales a los distintos niveles. En 1976, después de siete décadas de intentos, se estableció por ley un programa que se denominó de fondos federales de equiparación (federal matching funds) por el cual los candidatos presidenciales recibirían, de cumplir con los requisitos exigidos y mediante un complicado y engorroso proceso, una igual proporción de dinero federal, comprometiéndose a limitar sus gastos de campaña a una cifra tope. También los partidos políticos nacionales recibirían ese tipo de fondos para las convenciones nacionales de nominación del candidato presidencial.

El escándalo Watergate mucho contribuyó a que se aceptara esa legislación, la cual complementaba las prohibiciones existentes de que las corporaciones dieran fondos a los aspirantes para sus campañas electorales. El objetivo era "igualar el piso financiero" de los candidatos y evitar sobornos y venta de influencia. Un cuarto de siglo después, en el 2002, se enmendó la Ley de la Campaña Federal Electoral de 1971 mediante la Ley Bipartidista de Reforma de la Campaña, llamada también Ley McCain-Feingold, la cual se hizo efectiva el 6 de noviembre de ese año y cuyas estipulaciones comenzaron a tener fuerza legal el 1 de enero del 2003. La referida ley prohibía a las corporaciones y a los comités de acción políticas (conocidos por sus siglas PAC) emplear fondos para llevar a cabo la difusión de lo que se denominó "comunicaciones electoreras" (electioneering comunications). También esta ley vino con la ola causada por otro escándalo de la politiquería: la fraudulenta elección de George W. Bush en el 2000.

Pero, como ya hemos señalado, estas formulaciones y propósitos fueron convertidas en letra muerta por decisiones del Tribunal Supremo e interpretaciones a esas decisiones emitidas por la Comisión Federal de Comunicaciones y otras recogidas en el Código de Impuestos de Ingresos Internos.

El 18 de septiembre del 2009, el Tribunal Federal de Apelaciones de Washington D.C. dictaminó que las organizaciones autorizadas a influir en los resultados electorales tenían el derecho de recaudar y gastar libremente siempre y cuando no coordinaran sus actividades con los candidatos o partidos. Posteriormente, en enero del 2010, en la decisión conocida como "Citizens United versus Federal Electoral Commission", el Tribunal Supremo Federal dictaminó que no se podía impedir que corporaciones y sindicatos de trabajadores gasten dinero para apoyar o denunciar a candidatos individuales en las elecciones, siempre y cuando el dinero se gaste independientemente de los candidatos o equipos de campaña. Por último, en julio del 2010, el mismo Tribunal Supremo en el caso "Speechnow.org versus Federal Electoral Commission" dictaminó que se podían crear grupos independientes, ahora conocidos como "Super Pac", a fin de recaudar dinero de personas, asociaciones, sindicatos y corporaciones solo para gastarlo en influir en las elecciones.

Todas estas decisiones del Tribunal Supremo fueron aceptadas por la Comisión Electoral Federal y el Servicio de Ingresos Internos, legalizaron la actividad de las llamadas organizaciones 501 (c)(4) —ligas cívicas, organizaciones de asistencia social y asociaciones locales de empleados—; las organizaciones 527, creadas para influir la selección, nominación, elección y designación o derrota de candidatos a cargos públicos, sin restricciones en cuanto al monto a recaudar, ni en los donantes, ni en el límite de gastos. Los números y siglas con que se identifican genéricamente estas organizaciones se refieren a las secciones del Código de Impuestos que les concede ser exentas de impuestos. Añádase a estos mecanismos de recaudación y gastos electorales los SuperPac ya mencionados y los existentes Political Action Committees (PAC), que en este último caso sí tiene límites en las cantidades a recaudar y están obligados a dar a conocer las cantidades recaudadas y la identidad de los donantes.

En resumen, se ha privatizado el financiamiento de las campañas electorales, dándole rienda suelta al gran capital y al engaño y la manipulación de la ciudadanía a través de las costosas operaciones mediáticas. Empedrado con las buenas intenciones de evitar el soborno, la venta de influencia, las triquiñuelas electorales, el fraude y el engaño, quedó el camino que han incinerado las bases democráticas en las insaciables calderas del gran capital. Tiene razón la Biblia cuando afirma que el dinero está en la raíz de todos los males. Y de estos arreglos se benefician los políticos tanto conservadores como liberales, republicanos y demócratas, quienes emplean estos mecanismos para llevar adelante sus planes electorales.

El cambio que estas decisiones han provocado en cuanto al papel del dinero en las campañas electorales queda demostrado cuando se comparan las recaudaciones durante el trimestre abril-junio 2011 por los comités de campaña de Obama y de Mitt Romney con el estimado hecho por la Comisión Electoral Federal sobre los gastos en la campaña electoral presidencial a que cada candidato tendría que comprometerse si las elecciones tuvieran lugar en el 2011, según el programa de fondos federales de equiparación establecido por la ya inoperante ley de 1976.

Según este estimado cada candidato se obligaría a limitar sus gastos en la elección general a 88,45 millones de dólares y en las primarias a 44,22 millones USD.

En comparación con las realidades de la actual campaña, las recaudaciones del trimestre mencionado informadas por los equipos de estos dos candidatos son los siguientes: Obama For America: 46 323 209,30 millones de dólares; Romney For President Inc: 18 383 256,66 millones USD.

Por eso ningún candidato presidencial ha optado por recibir los fondos de equiparación. En su lugar, los candidatos dedican el mayor esfuerzo de sus equipos de campaña y personales a recaudar dinero. En el trimestre Obama llevó a cabo 30 intervenciones personales en eventos de recaudación en los principales centros financieros del país y otro tanto han hecho Romney y los restantes candidatos republicanos.

En estos trajines financieros está presente un personaje clave: el bundler, como se denomina a la persona de altos ingresos y vínculos en el sector empresarial que se dedica a usar sus relaciones para recoger entre ellas donaciones por el máximo permitido por la ley. Estos "macetas" (para cubanizar el término) constituyen el centro y más importante pieza de las redes de recaudación de los candidatos. Reciben, por supuesto, un trato preferencial y acceso a los altos niveles de la campaña. Se ha convertido en tradición que muchos de ellos sean recompensados posteriormente con cargos públicos, especialmente como embajadores.