LIMA, 25 agosto.— Metas precisas y ambiciosas, que incluyen la eliminación de la desnutrición infantil crónica y el cobro de más de mil 100 millones de dólares anuales a las empresas mineras, anunció hoy el gobierno peruano.

Los objetivos fueron presentados por el primer ministro, Salomón Lerner, y los miembros del gabinete ministerial, en una sesión del Congreso que, al final y tras un debate, le dio su confianza al equipo gobernante con 90 votos a favor y 32 abstenciones, sin oposición.

La mayoría de los legisladores elogió la exposición, salvo algunas objeciones que fueron rechazadas por legisladores como el socialista Javier Diez Canseco, quien destacó la orientación gubernamental de promoción de los derechos sociales, la soberanía y el fortalecimiento del Estado.

El premier fundamentó al línea oficial de crecimiento económico con inclusión social, lo que implica una reforma profunda del Estado y una reforma política general, para la igualdad de derechos, en especial a la salud, educación, alimentación, vivienda, empleo digno y seguridad social.

Solo así se resolverán las enormes brechas territoriales y sociales, se incorporará a los excluidos al mercado, al consumo y al desarrollo, y seremos una auténtica comunidad nacional. No tendremos una política económica divorciada de la política social, señaló.

Señaló que las metas del gobierno para el fin de su mandato, en 2016, son la virtual eliminación de la desnutrición crónica en niños, y de la reducción de la mortalidad infantil de 11 a cinco por cada mil nacidos vivos.

También enumeró Lerner la universalización de la educación inicial y el incremento del acceso de los hogares rurales a electricidad, de 45 a 85 por ciento, así como aumentar el presupuesto de la educación de tres a seis por ciento del producto interno bruto.

En función de ese proyecto, confirmó la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, una reforma del Estado largamente postergada, en el marco de un nuevo Modelo de Gestión Social.

De otro lado, el primer ministro señaló que habrá una política de concertación social y resaltó al respecto la reciente aprobación de la Ley de Consulta a los pueblos indígenas sobre decisiones oficiales que los afecten.