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Justicia salvadoreña rechaza capturar a militares juzgados en España

La justicia salvadoreña se negó a capturar a nueve militares implicados en el asesinato de sacerdotes jesuitas en 1989, pese a un pedido de extradición realizado por España, dio a conocer Prensa Latina.

La víspera, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador acordó denegar a un juez español el pedido de capturar a los militares retirados, porque el Gobierno de ese país europeo no había solicitado la extradición formalmente, subrayó el magistrado Ulises De Dios Guzmán.

Por su parte, la nación ibérica envió un documento oficial a San Salvador para que aclare los últimos acontecimientos.

En el texto, el juez Eloy Velasco pide que se clarifique la situación jurídica de los procesados, si están en situación de detención preventiva y, de estar detenidos, en qué lugar y bajo la autoridad de qué juez.

El magistrado también preguntó a la CSJ si ha iniciado o no el proceso de extradición.

Al respecto, un portavoz de la Audiencia Nacional explicó a la prensa que las órdenes internacionales de captura a través de Interpol se cursan con fines de extradición, pero que no se puede tramitar formalmente dicha entrega si el juzgado no está informado de que el sospechoso está bajo custodia.

El 16 de noviembre de 1989 seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos empleadas, fueron asesinados aquí por soldados del Ejército en plena guerra civil.

En medio de la ofensiva, el Gobierno intentó culpar del crimen al guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero esa acusación fue desmentida posteriormente.

Los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados de varios tiros en la cabeza en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Algunos de los militares acusados de perpetrar la matanza fueron juzgados en 1991, pero la mayoría resulto absuelta.

Tras las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN en 1992, una ley de amnistía enterró el caso hasta ahora, que ha sido reabierto por España.

 

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