LEANDRO MACEO LEYVA

Bajo el amparo del artículo 109 de la ley Helms Burton, las sucesivas administraciones de Estados Unidos consideran todo tipo de agresiones injerencistas contra Cuba, encaminadas a perpetuar el clima de hostilidad en la política de ese país hacia la Isla, y con ello destruir la Revolución.

Basado en los supuestos derechos que otorga la citada legislación, el mandato de George W. Bush, aprobó su conocido Plan Bush, con el cual estableció, entre otras iniciativas, un presupuesto mínimo de 20 millones de dólares anuales para la subversión en nuestro país.

Este año, como ya es habitual, el gobierno norteamericano destinó parte del presupuesto anual del que dispone, para tales fines. En ese sentido el pasado 2 de agosto se aprobó definitivamente la suma establecida, la cual iría a las arcas de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID).

En abril pasado, se había entablado un debate acerca de la aprobación o no de tal presupuesto, ante la retención de los fondos presentada por el senador demócrata John Kerry, bloqueando el desembolso temporalmente por no considerarlo efectivo, al no usarse adecuadamente para lograr los fines propuestos contra el proceso revolucionario cubano. Kerry reconoció que este tipo de programas ha costado millones de dólares al contribuyente norteamericano y solicitó que la Oficina de Supervisión del Congreso, que ha investigado el fraude y abuso de esos programas en el pasado, realizara otra indagación "sobre la base legal y la eficacia de estas operaciones".

Antes de desembolsar esa cantidad de dólares adicionales a la USAID, "se debe realizar una revisión plena de los programas y la administración debe consultar al Congreso", advirtió.

Tras algunos intercambios ríspidos con congresistas de la mafia cubanoamericana, cuatro meses después el senador cedió finalmente a las presiones y levantó el veto a los fondos para la subversión anticubana. Según lo divulgado, la suma quedó intacta bajo la autorización previa del Congreso, sin recorte alguno.

Como se ha dado a conocer, estos programas administrados por el Departamento de Estado, estarán dirigidos fundamentalmente a "apoyar a la sociedad civil en Cuba".

Para tal propósito la administración Obama ha definido sus prioridades, entre las que aflora: intensificar la participación social de sectores "vulnerables", dígase discapacitados, homosexuales, entre otros, "fomentar las alternativas de políticas públicas que mejoren la calidad de vida y capacitar a los cubanos a reivindicar derechos, incluidos el acceso a la educación, la salud, la vivienda, etc"; promover la libre expresión y el flujo de información con la contribución esencialmente de "periodistas independientes", y por último, cínicamente han dicho que pretenden fomentar los derechos humanos en Cuba.

También se promoverán técnicas de solución de conflictos y la colaboración entre actores sociales.

Asimismo, la USAID prevé subvencionar, con 4,1 millones de dólares, programas para incrementar la libre expresión entre jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 24 años, expandir el uso de internet, aumentar el acceso a la información y apoyar a grupos de la sociedad civil como cooperativas, iglesias, y clubes deportivos, entre otros.

En este aspecto, se esgrime como justificación el intento de incrementar la interacción entre los jóvenes y abrir espacios para la libre asociación y expresión que estén fuera del control del Estado cubano. En este sentido, han argumentado que buscarían motivar la participación de jóvenes procedentes de comunidades marginales y vulnerables, que incluye afrodescendientes, jóvenes de zonas rurales, discapacitados y de riesgo, refiriéndose, a aquellos pertenecientes a núcleos de padres divorciados o familias monoparentales.

Tales iniciativas injerencistas, confirman las nuevas modalidades introducidas por la actual administración de Washington en la labor subversiva y de influencia hacia Cuba que, sin abandonar su tradicional apoyo a la contrarrevolución, se propone expandir su acceso a los más diversos sectores de nuestra sociedad.

Se trata de las acostumbradas acciones de esta naturaleza por parte del gobierno de Estados Unidos, el cual busca detener a cualquier coste el curso de la Revolución.

El vecino del Norte tratará, como hasta hoy, de impedir por todos los medios a su alcance, tradicionales o no, el derecho soberano del pueblo y Gobierno cubanos a decidir su futuro.