Con la declaración de los últimos imputados en la represión policial de octubre de 2003, concluye hoy en Bolivia ese proceso, cuyo principal responsable, el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, sigue prófugo en Estados Unidos.

En el caso de genocidio declararán este martes el general Oswaldo Quiroga y el almirante José Luis Aranda, dio a conocer Prensa Latina.

Posteriormente se establecerá un debate entre las partes y para mañana miércoles está previsto el veredicto del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

La vista es considerada histórica a ocho años de aquellos hechos, con saldo de 68 muertos y más de 400 heridos, donde los imputados deben responder por crímenes de lesa humanidad

El 17 de octubre de 2003, miles de vecinos de la ciudad de El Alto bloquearon el paso de combustibles a La Paz en rechazo a políticas del expresidente Sánchez de Lozada, como exportar gas a Estados Unidos por un puerto de Chile, a cuyo país Bolivia reclama una salida soberana al mar, perdida en 1879.

El exmandatario envió a uniformados a acabar con las protestas, lo cual derivó en 68 muertes y más de 400 heridos.

La revuelta obligó a Sánchez de Lozada a renunciar y se refugió en Estados Unidos, seguido de Carlos Sánchez, ex ministro de Defensa, y Jorge Berindoague, titular de Hidrocarburos.

Mientras en Perú recibieron refugio otros ex ministros de esa época: Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres (Salud) y Jorge Torres (Hacienda), también implicados en la masacre.

Otros tres acusados en el caso, los ex generales Roberto Claros, Gonzalo Rocabado y Juan Véliz, manifestaron sus argumentos sobre la responsabilidad en los hechos.

Véliz fue vehemente al señalar que él defendió la Constitución Política del Estado porque se rompió el orden social en septiembre y octubre de 2003.

Antes, familiares de las víctimas de la represión militar denunciaron dilaciones en el juicio contra sus responsables.