El gobierno boliviano y la embajada de Estados Unidos en La Paz se reunirán hoy para debatir sobre las llamadas telefónicas de esa misión a dirigentes de una marcha indígena.

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, anunció a la prensa que sostendrá el encuentro con el encargado de negocios de esa nación en Bolivia, John S. Creamer, quien presentará un informe de las llamadas a algunas de las personas implicadas en la movilización en protesta a la construcción de una vía interdepartamental.

Romero manifestó que espera que la reunión sea esclarecedora, pues de comprobarse la existencia de intereses políticos e injerencia externa en la marcha, el escenario sería más complejo.

Igualmente insistió en la importancia de dilucidar los móviles, ya que después de haber recorrido 96 kilómetros, los marchistas presentaron todo un pliego demandas que apuntan a boicotear el funcionamiento del Estado boliviano y que van más allá del argumento inicial de daños al medio ambiente.

Pareciera que la oposición a la carretera era un pretexto en el que se esconden intereses foráneos, opinó al tiempo que ratificó la voluntad del gobierno a dialogar.

Recientemente, el presidente Evo Morales expuso ante los medios estatales de comunicación pruebas sobre llamadas telefónicas que evidencian el contacto de funcionarios de la misión estadounidense y dirigentes de la caminata.

Sobre el tema, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, descartó la víspera que el Estado haya intervenido teléfonos para probar dichos vínculos, sino que pidió con una orden fiscal la relación de las llamadas telefónicas.

Llorenti opinó que no se trata de alguna casualidad, pues se denunció con anterioridad la existencia de injerencia y otros móviles en la marcha que rechaza la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, además de otras demandas.

El funcionario aseveró que la solicitud del registro de llamadas fue presentada en cumplimiento de todos los procedimientos legales, en el marco de las responsabilidades en resguardo de la seguridad del Estado.

El gobierno boliviano llamó a agotar todas las posibilidades de diálogo con quienes se oponen a la construcción de la vía que unirá el occidente y el oriente del país, por alegar daños al medio ambiente, señaló Prensa Latina.