Una comisión gubernamental de alto nivel intenta hoy aquí iniciar
conversaciones con indígenas bolivianos que marchan hace cinco días
en protesta por la construcción de una carretera, informó Prensa
Latina.
El grupo de trabajo, que integran el ministro de Obras Públicas,
Walter Delgadillo y el viceministro de Coordinación con Movimientos
Sociales, César Navarro, se trasladó hacia la localidad de San
Ignacio de Moxos, donde los manifestantes pactaron la cita.
De acuerdo con el titular de la Presidencia, Carlos Romero, la
designación de los enviados del Ejecutivo es una indicación del
propio jefe del Estado Plurinacional, Evo Morales, aunque antes los
originarios consideraron a Morales como único interlocutor válido
para escuchar sus demandas.
Los marchistas, que partieron de la ciudad de Trinidad el pasado
15 de agosto, como el secretario de la Confederación de Pueblos
Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, estiman que
uno de los tramos de la vía que atraviesa el Parque Nacional Isiboro
Sécure, afectará la biodiversidad y el medio ambiente.
Mientras, el Gobierno reiteró su disposición a escuchar las
propuestas alternativas para ese camino de 177 kilómetros que unirá
a las localidades de Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de
Moxos (Beni), para favorecer la integración del occidente con el
oriente del país suramericano.
Los tramos I y III de esa carretera ya tienen licencia ambiental,
pero algunas comunidades se oponen a la construcción del II, a cargo
de la empresa brasileña OAS, y argumentan además un eventual saqueo
de recursos naturales, entre ellos la madera.
Según Romero, la idea de la comisión es poder desarrollar un
trabajo conjunto con los indígenas para identificar aquellos
factores de impacto ambiental que requieren la reversión de medidas
de mitigación, además de las consecuencias socioeconómicas que
puedan ser favorablemente aprovechadas por los pobladores.
Para algunas agrupaciones sociales de Bolivia, como las mujeres
campesinas, la marcha en rechazo a la carretera es manipulada con
intereses políticos, a sólo dos meses de celebrarse en Bolivia
elecciones judiciales.