Los estudiantes hondureños libran este viernes una batalla contra intentos gubernamentales de privatizar la educación pública.

Los sucesos comenzaron la última semana de julio, cuando alumnos de segunda enseñanza iniciaron las protestas contra un anteproyecto de la Ley de Educación, reporta Prensa Latina.

El documento indica que los institutos deben tener capacidad de autogestión y eso sólo es posible en manos de la empresa privada, cuestionan los jóvenes que además de oponerse a la privatización, demandan un aumento en el bono de transporte, salarios dignos a sus profesores y seguridad en los centros educativos.

Alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y de la Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), el 2 de agosto exigieron frente al Congreso la no aprobación de otro proyecto para reformar la Educación Superior, que atenta contra la autonomía universitaria.

Al día siguiente se solidarizaron con ellos sus colegas de la enseñanza media, quienes reiteraron las denuncias a los intentos privatizadores y comenzaron a tomar algunos centros, tanto en la capital como en el interior del país, mientras en El Progreso, Yoro, bloquearon una carretera.

El secretario general del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros, Orlando Mejía, confirmó la ocupación estudiantil de 50 centros, de ellos 32 en el departamento de Colón y 10 en la capital.

Los estudiantes defienden la educación pública y gratuita que beneficia a dos millones de jóvenes, definió Mejía.

El gobierno emplazó a estudiantes y maestros para que desalojaran los recintos educativos tomados a nivel nacional.

En una reunión del Consejo de Ministros el presidente, Porfirio Lobo, instruyó cerrar los planteles ocupados y sancionar a los responsables.

La dirigencia magisterial demandó al gobierno reabrir el espacio de diálogo con ese gremio para incluir a padres de familia, estudiantes y otros sectores sociales.

Lo oportuno es dialogar para resolver el problema porque los estudiantes defienden su derecho constitucional a una educación pública y gratuita, recordó Mejía.

También cuestionó a las autoridades por no aprovechar la oportunidad de llegar a un acuerdo con la Federación de Organizaciones Magisteriales, pese a que hubo un dilatado diálogo de cuatro meses de duración, el cual no rindió frutos.

El presidente de la Asociación Hondureña de Padres de Familia, Andrés Martínez, manifestó preocupación por el desinterés de las autoridades por resolver el conflicto.

Por su parte el ministro de Educación, Alejandro Ventura, se limitó a dar plazos para que los estudiantes retornaran a clases.

Aseguró que ya estaban establecidas las medidas administrativas y sanciones contra estudiantes y profesores sobre la base de los reglamentos vigentes.

El 4 de agosto las autoridades amenazaron con desalojar a los estudiantes que permanecieran en los institutos públicos.

El dirigente magisterial Joel Almendares llamó al gobierno a evitar confrontaciones que provocarían un ambiente de caos en el país.

Lobo debería de mandar una comisión técnica para ver cuáles son los problemas de los colegios y buscarles solución, sugirió.

Las autoridades quieren una reforma para reducir el presupuesto porque ven a la educación pública como gasto, en vez de considerarla una necesaria inversión en beneficio de la sociedad, valoró Eulogio Chávez, otro líder profesoral.

La respuesta del ministro Ventura a estas observaciones fue declarar injustificadas las protestas estudiantiles y acusar a los dirigentes magisteriales de tener malas intenciones.

Fuerzas antimotines de la policía irrumpieron en la Escuela Normal Mixta Miguel Ángel Chinchilla en Ocotepeque y desalojaron a los estudiantes el 7 de agosto.

Al siguiente día, los jóvenes ampliaron su protesta y ocuparon otros tres institutos de segunda enseñanza: el Normal Pedro Nufio, el Técnico Honduras y el Central Vicente Cáceres.

El presidente del Colegio de Profesores de Enseñanza Media, Jaime Rodríguez, apoyó la acción estudiantil y otros educadores también se solidarizaron.

Si pretenden callarnos con presiones están equivocados pues mantendremos nuestra protesta hasta que anulen ese proyecto privatizador, insistió la líder estudiantil Sara Ávila.

Los jóvenes anunciaron el 11 de agosto que aceptarían participar en un diálogo con las autoridades si estas daban garantías de que la educación seguirá siendo pública y gratuita, y fue entonces cuando comenzaron los desalojos policíacos de los planteles.

El 15 de agosto, el presidente Lobo convocó a alumnos, padres de familia, maestros, autoridades educativas y a otros sectores a un debate de la controvertida ley y dijo: no voy a rogarle a quienes no quieran participar.

Paralelamente decenas de estudiantes eran golpeados y detenidos cerca de la Casa Presidencial por centenares de policías antimotines que usaron garrotes, gases y potentes chorros de agua para disolver una manifestación pacífica de un millar de jóvenes opuestos a la reforma educativa.

No es posible que mientras estamos negociando, estén violentando el derecho de nuestros jóvenes a protestar; hay algunos gravemente heridos, uno está a punto de perder un ojo, observó el líder magisterial Edgardo Casaña, quien añadió que eso no genera condiciones para el diálogo.

Los estudiantes respondieron con la continuidad de las protestas y las seis organizaciones de maestros del país anunciaron un paro de labores en solidaridad con los estudiantes, contra la privatización de la enseñanza y en reclamo al salario adeudado a 13 mil educadores.

En ese marco la coordinadora del Comité de Familiares, Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, denunció que la policía hondureña golpea a los estudiantes, los detiene, los fotografía, les toma las huellas dactilares a pesar de ser menores de 18 años, y además les aplica inyecciones ilegales.

Añadió que un organismo especializado en ejecuciones extrajudiciales está documentando los casos e investigando qué contienen esas inyecciones, las cuales pueden ocasionar graves efectos secundarios y hasta causar la muerte.

La COFADEH acusó al gobierno hondureño por la represión estudiantil ante el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseveró Oliva.