El Colegio de Profesores y representantes del movimiento
estudiantil chileno están hoy a la espera de una respuesta del
Gobierno para marchar el jueves por La Alameda en demanda de cambios
en el sistema educativo.
Este martes, solicitaron a las autoridades el permiso para la
movilización que debe salir desde Plaza Italia por la principal
avenida capitalina.
El presidente del Colegio, Jaime Gajardo, emplazó al ministro del
Interior y Seguridad, Rodrigo Hinzpeter a mantener la seguridad ese
día.
El pasado 4 de agosto estudiantes universitarios y secundarios,
junto a los docentes, familiares y diversos sectores intentaron
realizar dos marchas por La Alameda, las cuales fueron reprimidas
por Carabineros (policía militarizada).
Los uniformados lanzaron bombas de gases lacrimógenos, chorros de
agua en una intensa jornada que culminó con cerca de 900 detenidos,
decenas de heridos y un cacerolazo" en rechazo a la actuación
policial.
Tras los hechos, alumnos universitarios y agrupaciones de
derechos humanos presentaron una querella ante el Séptimo Juzgado de
Garantía contra el ministro Hinzpeter, por la represión policial.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila
Vallejo, señaló que la policía y las autoridades del país violaron
libertades constitucionales, como el derecho de reunión y
desplazamiento por la vía pública.
En esta nación está vigente un cuestionado decreto usado para
disolver las protestas firmado en la dictadura de Augusto Pinochet
(1973-1990).
La normativa en su artículo segundo indica que para realizar una
manifestación debe contarse con una autorización previa de la
autoridad.
La disposición viola el artículo 19 N 13 de la Constitución de
Chile el cual permite el derecho a reunirse pacíficamente sin
permiso previo y sin armas.
Diseñada durante el régimen pinochetista, otorga amplias
facultades a la policía para disolver estas manifestaciones, y negar
su permiso, según el propio titular de Interior.
Desde hace tres meses los estudiantes reclaman garantía
constitucional para una enseñanza pública gratuita y de calidad, la
prohibición del lucro en las universidades privadas y la devolución
al gobierno, desde los municipios, de la administración del sistema
educativo primaria y secundaria.