Actualizado 7:00 p.m. hora local

Estudiantes y profesores chilenos esperan
autorización para marchar

El Colegio de Profesores y representantes del movimiento estudiantil chileno están hoy a la espera de una respuesta del Gobierno para marchar el jueves por La Alameda en demanda de cambios en el sistema educativo.

Este martes, solicitaron a las autoridades el permiso para la movilización que debe salir desde Plaza Italia por la principal avenida capitalina.

El presidente del Colegio, Jaime Gajardo, emplazó al ministro del Interior y Seguridad, Rodrigo Hinzpeter a mantener la seguridad ese día.

El pasado 4 de agosto estudiantes universitarios y secundarios, junto a los docentes, familiares y diversos sectores intentaron realizar dos marchas por La Alameda, las cuales fueron reprimidas por Carabineros (policía militarizada).

Los uniformados lanzaron bombas de gases lacrimógenos, chorros de agua en una intensa jornada que culminó con cerca de 900 detenidos, decenas de heridos y un cacerolazo" en rechazo a la actuación policial.

Tras los hechos, alumnos universitarios y agrupaciones de derechos humanos presentaron una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía contra el ministro Hinzpeter, por la represión policial.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo, señaló que la policía y las autoridades del país violaron libertades constitucionales, como el derecho de reunión y desplazamiento por la vía pública.

En esta nación está vigente un cuestionado decreto usado para disolver las protestas firmado en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La normativa en su artículo segundo indica que para realizar una manifestación debe contarse con una autorización previa de la autoridad.

La disposición viola el artículo 19 N 13 de la Constitución de Chile el cual permite el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

Diseñada durante el régimen pinochetista, otorga amplias facultades a la policía para disolver estas manifestaciones, y negar su permiso, según el propio titular de Interior.

Desde hace tres meses los estudiantes reclaman garantía constitucional para una enseñanza pública gratuita y de calidad, la prohibición del lucro en las universidades privadas y la devolución al gobierno, desde los municipios, de la administración del sistema educativo primaria y secundaria.

 

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