La justicia boliviana rechazó hoy suspender la vista sobre el caso Octubre Negro, de 2003, genocidio cuyo principal responsable, el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, sigue prófugo en Estados Unidos.

Esa instancia negó la solicitud de uno de los implicados en la masacre, el ex general Gonzalo Rocabado, quien argumentó la necesidad de atender otro proceso en su contra por la pérdida de documentos militares, relacionados con el llamado Octubre Negro.

Sobre ese pedido, el fiscal general del Estado Plurinacional, Mario Uribe, indicó que se prioricen las audiencias por el demorado juicio de Octubre.

De esta forma, el proceso por responsabilidades tendrá continuidad en su etapa final, cuando resta solamente el alegato de defensa del ex general Juan Veliz, que debe concluir mañana miércoles.

Por su parte, familiares de las víctimas de la represión militar a una manifestación social en Bolivia en 2003, insistieron en la idea de construir un muro llamado de la resistencia frente a la Corte Suprema de Sucre, en protesta por las dilaciones de ese juicio.

De acuerdo con el abogado Rogelio Mayta, que representa a los familiares de unos 68 muertos y más de 400 heridos, ya llevan más de un mes en esa incertidumbre.

El 17 de octubre de 2003, miles de vecinos de la ciudad de El Alto bloquearon el paso de combustibles a La Paz en rechazo a políticas del expresidente Sánchez de Lozada, como exportar gas a Estados Unidos por un puerto de Chile, a cuyo país Bolivia reclama una salida soberana al mar, perdida en 1879.

El exmandatario envió a uniformados a acabar con las protestas, lo cual derivó en muertes y graves lesiones para los manifestantes.

La revuelta obligó a Sánchez de Lozada a renunciar y se refugió en Estados Unidos, seguido de Carlos Sánchez, ex ministro de Defensa; y Jorge Berindoague, titular de Hidrocarburos.