A 11 aumentaron en las últimas horas las víctimas letales de la
lucha por tierras que tiene lugar desde el domingo último en la
conflictiva zona nororiental hondureña del Aguán.
Cinco comerciantes (dos mujeres y tres hombres) que transitaban
en un vehículo fueron atacados a tiros por una de las partes en
conflicto, que los confundió con rivales, reportó la emisora HRN.
La policía dice desconocer si el ataque fue perpetrado por
campesinos o guardias de seguridad contratados por los
terratenientes de la zona, empeñados en desalojar a los labriegos.
Pedro Roberto Benítez, jefe policial de esa región del
departamento hondureño de Colón, 600 kilómetros al noreste de aquí,
reveló que dispararon desde vehículos en movimiento contra el auto
de los comerciantes.
La lucha por la tierra en el productivo Vale del Aguán data de
varios años, ocasionó medio centenar de victimas en los últimos
meses y dejó el pasado domingo seis muertos y 14 heridos en una
propiedad del empresario Miguel Facussé, según cifras oficiales
manejadas por la policía.
Organizaciones campesinas permanecen asentadas en siete fincas
con una superficie total de unas cuatro mil hectáreas, reclamadas
por terratenientes que explotan el cultivo de la palma aceitera
africana, apuntó Prensa Latina.
Para resolver el conflicto el presidente hondureño, Porfirio
Lobo, ha intentado comprar esos terrenos a los hacendados para
distribuirlos a los campesinos a través del Instituto Nacional
Agrario (INA), pero los empresarios se niegan a fijarle un precio.
Lobo ha dispuesto además que cuatro secretarías de Estado le
presenten un plan para ejecutar el Catastro Agrario Nacional con el
fin de determinar el uso y la propiedad de la tierra para frenar ese
tipo de conflictos.
Ante el rebrote de violencia, Lobo decidió reforzar la presencia
policial de unos 400 miembros existente en la zona, con una fuerza
adicional de 600 hombres más entre policías y militares, desplazados
al lugar desde la víspera.
La Casa Presidencial comunicó que esas tropas resguardarán tanto
a las fincas como las comunidades para garantizar la tranquilidad de
los terratenientes y de los campesinos.
Explicó que los uniformados se proponen desarmar a los civiles
para frenar la ola de violencia y que esa fuerza permanecerá en la
zona apoyada por fiscales y funcionarios estatales defensores de
derechos humanos.