El activista social indio Anna Hazare fue detenido hoy cuando se disponía a iniciar una huelga de hambre en demanda de un proyecto de ley severo contra la corrupción, dio a conocer Prensa Latina.

Hazare y uno de los dirigentes de su equipo, Arvind Kejriwal, se disponían a partir hacia el céntrico memorial Jaipraskash Narayan, donde está programado el ayuno, cuando una veintena de agentes vestidos de civil los rodearon y se los llevaron en una camioneta con rumbo desconocido.

Un numeroso contingente de policías rodeó el edificio donde vive el manifestante para contener a unos 250 de sus seguidores congregados en el lugar, quienes gritaban consignas antigubernamentales y en apoyo a la huelga.

Hazare, de 74 años y seguidor de las doctrinas de Gandhi, exige la creación de un Lokpal (versión india del Ombudsman occidental) encargado de investigar delitos de corrupción sin importar el rango de los ciudadanos sospechosos de cometerlos.

Acosado por la oposición y la sociedad civil, el gobierno promueve un proyecto de ley en ese sentido, pero fuera de su ámbito quedarían ministros, parlamentarios y magistrados, algo a lo que se oponen los partidos de oposición y grupos de la sociedad civil.

Una de las primeras organizaciones en reaccionar ante el arresto de Hazare fue el Partido Comunista de India (Marxista), que en una declaración pública evaluó ese acto como un ataque a los derechos democráticos de los ciudadanos a protestar pacíficamente.

El PCI (M) reiteró que el proyecto oficialista del Lokpal es débil e inadecuado y consideró necesario construir un fuerte movimiento popular para asegurar que el Parlamento apruebe una legislación verdaderamente eficaz contra el alto nivel de corrupción imperante en la cúpula del gobierno.

Medios locales de prensa señalaron que poco después del arresto de Hazare, el primer ministro Manmohan Singh convocó con carácter urgente al Comité de Asuntos Políticos de su gabinete para evaluar las derivaciones del hecho.

Poco antes de su detención, el activista anticipó que con esa medida el gobierno no podría detener el movimiento social contra la corrupción, al que calificó como una batalla por la segunda independencia de la nación.