Un saldo de cinco muertos y 12 heridos dejó un nuevo
enfrentamiento por tierras en el Paso del Bajo Aguán, costa
atlántica hondureña, a unos 400 kilómetros al norte de la capital,
reportó Prensa Latina.
El incidente ocurrió el domingo cuando guardias privados y
campesinos intercambiaron disparos en una finca del empresario
Miguel Facussé, dijo hoy en rueda de prensa el viceministro de
Seguridad, Armando Calidonio.
Cuatro de los fallecidos eran guardias de seguridad privada y hay
un sujeto aún no identificado, añadió.
El ejército había desalojado a centenares de labriegos de esa
área cuando fue reclamada por Facussé y ahora los campesinos
intentan regresar, dijo Calidonio y aseguró que se procederá
legalmente contra ellos.
Sin embargo, el policía Julio Benítez, contactado por la prensa
en el lugar de la lucha, dijo que no tienen certeza de que los
responsables del ataque sean realmente campesinos, tal como aseguran
los guardias de seguridad.
Añadió que los agresores procedían de las fincas Marañones y San
Isidro, tierras en pugna también cultivadas de palma africana y
explotadas por la misma empresa de Facussé, la Exportadora del
Atlántico.
Por lo menos 22 campesinos y 13 guardias han muerto en dos años
en enfrentamientos armados ocurridos en terrenos cultivados por la
agroindustria de palma africana en esa región, considerada la más
fértil de Honduras.
El gobierno dijo haber donado a los campesinos tres mil 200
hectáreas de tierra en 2010 y les prometió otras 10 mil hectáreas
para este año.
Pero sicarios armados han asesinado a varios dirigentes del
hondureño Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) para
desalojar a las tres mil familias campesinas asentadas por más de
una década en ese sector.
Hace dos meses el gubernamental Instituto Nacional Agrario (INA)
llegó a un acuerdo con Facussé para cesar los enfrentamientos entre
guardias y campesinos.
La empresa Exportadora del Atlántico exigió este lunes al
presidente hondureño Porfirio Lobo que ejecute todas las acciones
necesarias para salvaguardar la inversión privada. Este incidente
ocurre precisamente en momentos en que cuatro secretarías de Estado
deben presentar a Lobo un plan para ejecutar el Catastro Agrario
Nacional con el fin de determinar el uso y la propiedad de la
tierra.
La tarea ha recaído en la Secretaría de Planificación, el INA, la
Secretaría de Agricultura y el Instituto de la Propiedad, para que
desarrollen el proceso a corto plazo.
Lobo anunció que con el proceso no se pretende validar tierras
obtenidas de forma ilegal por determinadas personas y se tendrá que
revisar los antecedentes de las mismas para que el proceso sea
transparente.
El ministro de la Secretaría de Planificación, Arturo Corrales,
aclaró que los pequeños y grandes productores tendrán que presentar
por igual en el Catastro Agrario documentos que les acreditan como
propietarios de las tierras.
El titular del INA, César Ham, precisó que ese sistema será el
que proporcionará la información fidedigna sobre qué tierra es de
quién y añadió que se esforzarán para garantizar protección tanto a
empresarios como a campesinos.