El ministro chileno del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo
Hinzpeter, anunció este sábado una reforma legal que prohíbe a
quienes participen en marchas y manifestaciones públicas lo hagan
con el rostro cubierto.
El funcionario subrayó que con la medida se podrá identificar a
los delincuentes que distorsionan las movilizaciones pacíficas,
reporta Prensa Latina.
Al gobierno le preocupa que las personas de clase media no puedan
abrir sus negocios dañados por encapuchados durante las protestas,
dijo.
Alumnos y profesores han denunciado más de una vez que los
encapuchados son infiltrados que buscan desprestigiar al movimiento
estudiantil que desde hace tres meses exige una reestructuración de
fondo a la Educación en Chile.
Los jóvenes han declarado que algunos de los infiltrados son
policías.
En este país se pueden hacer marchas, lo que no se puede hacer es
cubrirse para hacer vandalismo, dijo el ministro, pese a la
represión policial contra los jóvenes en las movilizaciones,
cacerolazos y veladas, particularmente la del pasado 4 de agosto.
La policía militarizada apoyada con uniformados a caballo,
helicópteros, rejas de contención, ha empleado bombas de gases
lacrimógenos y chorros de aguas contra los estudiantes que marchan
con el rostro descubierto.
Estudiantes, profesores y otros sectores de la sociedad han
denunciado la actuación policial y han exigido la renuncia al propio
ministro de Interior.
El titular considera que la modificación legal del decreto 1086
es un paso para que las marchas sean más tranquilas y para proteger
a los chilenos que tienen los mismos derechos que los estudiantes
que quieren marchar.
En Chile nadie está por sobre la ley acotó Hinzpeter y añadió que
el Gobierno enviará un proyecto legislativo para endurecer las penas
por desórdenes en la vía pública, mediante un proyecto de ley que
modificaría la condena de 341 días a tres años de prisión.
Diversas opiniones apuntan a que la normativa criminalizará, aún
más, la protesta estudiantil.