Docentes chilenos, agrupados en el Colegio de Profesores, ratificaron en asamblea nacional, impulsar un plebiscito para buscar una solución al conflicto en la educación.

El presidente del magisterio, Jaime Gajardo, recalcó que la ciudadanía es quien debe decidir cómo solucionar el problema, destaca hoy Radio Bío-bío, reporta Prensa Latina.

Asimismo, para la presidenta del Partido Por la Democracia, Carolina Tohá, el plebiscito sería una compuerta para resolver ese problema".

El modelo que tenemos nosotros de democracia ha llegado a un punto insostenible, dijo a Radio ADN Tohá, quien fue ministra de Educación durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010).

Ahora, subrayó, "está cobrándonos cuentas muy caras por la incapacidad" del sistema político para resolver y hacerse cargo de varios debates y dilemas que hay en el país.

Ayer viernes, el Gobierno de Sebastián Píñera, a través de su ministro portavoz, Andrés Chadwick, anunció estar dispuesto a incorporar el permiso para el plebiscito.

Chadwick explicó que aunque en la actual Constitución no está consagrada la consulta popular sobre un determinado tema, está dispuesto (el Gobierno) a incorporarlo.

En tanto, los estudiantes, mantienen sus movilizaciones, acompañados de familiares, profesores y otros sectores sociales.

Anoche, retomaron una nueva jornada de "cacerolazos" por la educación en Plaza Ñuñoa, en esta capital y fueron dispersados por Carabineros, con carros lanza-aguas y bombas lacrimógenas.

Una treintena de organizaciones sociales, sindicales, medio ambientales, de profesionales, culturales, de derechos Humanos y juveniles, instaron al Gobierno y a las instituciones del Estado a terminar con la política de criminalización de los movimientos sociales y de sus dirigentes.

En un comunicado, responsabilizaron a la administración de Piñera del clima de confrontación que se está generando por la acción represiva indiscriminada de carabineros.

Desde hace casi tres meses, el alumnado de esta nación suramericana exige que el Estado asuma los costos de la educación pública.

También demandan el fin al lucro en el sector, menores costos de transporte, la reducción de las desigualdades en los institutos públicos y recortes en las abultadas deudas con las que quedan los universitarios al culminar sus carreras.

A las movilizaciones de los estudiantes de universidades y colegios públicos comenzaron a sumarse los de instituciones privadas.

Estas acciones, sumadas a otros conflictos del país, como el del pueblo mapuche, las huelgas de mineros, de ambientalistas y las protestas de los damnificados por el terremoto y maremoto de 2010, han llevado al Gobierno de Sebastián Piñera, al índice más bajo de aceptación.