El gobierno de Estados Unidos podrá invertir otros 20 millones de
dólares en programas que promueven la llamada democracia en Cuba,
tras quedar resuelta la disputa con el senador demócrata Patrick
Leahy.
Leahy, legislador por Vermont, finalmente se alió a su homólogo
por Massachusetts, John Kerry, quien la semana pasada levantó el
veto a esos fondos millonarios destinados a la subversión contra la
nación caribeña, según lo ha denunciado el gobierno cubano, reporta
Prensa Latina.
Tras sellar la controversia, el Departamento de Estado tiene luz
verde para invertir en esos planes mediante la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El congresista justificó el cambio de postura en un comunicado,
en cual dijo que había liberado los fondos después de recibir más
información respecto a cómo se usan esos millones.
A inicios de abril último, Kerry, presidente del Comité de
Relaciones Exteriores del Senado, se opuso al desembolso de los 20
millones de dólares hasta tanto se efectuara una revisión plena del
destino del dinero, después de la malversación y otras
irregularidades detectadas.
Entonces pidió a la Oficina de Supervisión del Congreso (GAO, por
sus siglas en inglés) que determinara la eficacia del programa,
implementado desde 1996.
Kerry consideró suspender la subvención porque no había prueba de
que los programas de promoción de la democracia, que hasta la fecha
le han costado a los contribuyentes estadounidenses más de 150
millones de dólares, estén ayudando al pueblo cubano, señaló.
El anuncio de ese momento se realizó luego de que el Departamento
de Estado le notificara al Congreso, el 31 de marzo, que la Casa
Blanca estaba lista para gastar los 20 millones de dólares que
fueran aprobados por los legisladores en 2008.
Un dinero que sería administrado por la Usaid para programas
dirigidos a los niños, jóvenes, grupos religiosos y otros sectores
de la denominada sociedad civil.
Además, con el propósito de fomentar proyectos para porpiciar una
supuesta libertad de información en Internet.
Un enviado de la Usaid, el contratista estadounidense Alan Gross,
fue juzgado y condenado en marzo a 15 años de prisión en La Habana
por intentar distribuir medios de comunicación satelital de forma
ilegal dentro de la comunidad judía cubana.