Anneris Ivette Leyva
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Con la voluntad expresa de que el derecho lo otorgue la ley, y de proscribir la práctica de normar mediante decisiones administrativas, el miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, informó a los diputados sobre la aplicación de los Lineamientos aprobados en el Sexto Congreso del Partido y acerca del trabajo de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo constituida con tal propósito.

El también jefe de la citada Comisión ahondó en la misión y nueve funciones que esta tiene a su cargo, entre las cuales destaca la de elaborar y proponer la conceptualización del modelo económico cubano.

Otras de sus obligaciones consustanciales —apuntó— es la de organizar, orientar, coordinar y controlar la implementación de los Lineamientos, y en los casos necesarios proponer la incorporación de algunos nuevos; así como la de sugerir las normativas jurídicas que se requieran para que el enmarcamiento legal sea un principio insoslayable.

Precisó que todas las opiniones serán escuchadas y evaluadas, con el objetivo de que cada paso se haga respaldar por el consenso.

"La Comisión ejerce la conducción de los procesos en correspondencia con su misión, pero no sustituye la responsabilidad institucional de los organismos y entidades", recalcó Murillo Jorge, quien además expuso que esta se crea para ejercer como rectora a nivel nacional, por lo cual los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), los Órganos Locales del Poder Popular y el resto de las entidades, deberán asumir el papel que les corresponde.

El Vicepresidente del Consejo de Ministros detalló que las tareas de implementación de los Lineamientos del Partido y la Revolución están a cargo de varios grupos de trabajo, los cuales deberán presentar al Gobierno en el mes de septiembre, para su aprobación, un cronograma de ejecución hasta el 2015.

Para ello, se clasificarán los Lineamientos de forma tal que sea posible definir dónde concentrar los esfuerzos principales, armonizando los cambios más estratégicos con aquellos que mejoren los sistemas y tengan un impacto positivo en la población.

Todo lo que se apruebe debe parecerse al futuro que queremos, enfatizó.

El jefe de la Comisión Permanente actualizó al Plenario sobre otras tareas en desarrollo, como el análisis de las capacidades de hospedaje en instalaciones pertenecientes a los OACE, Consejos de la Administración Provincial y otras entidades, las cuales ascienden a más de 16 000 habitaciones en todo el territorio nacional, y podrían tener un mayor aprovechamiento bajo fórmulas de gestión empresarial.

Sobre la puesta en explotación de las tierras ociosas en el país, en relación con el Decreto-Ley 259, citó un reciente balance que contabilizó 500 000 hectáreas sin producir por encima de las identificadas en un primer momento, es decir, sumarían más de un millón de hectáreas.

Mencionó además algunas medidas cuya política ya se aprobó, pero aguardan por la culminación de las normas jurídicas que deben acompañarlas. Entre ellas, indicó la nueva política bancaria y de crédito para las personas naturales; las disposiciones emanadas de la reunión del Consejo de Ministros de mayo último para continuar facilitando el trabajo por cuenta propia y la flexibilización de los trámites relacionados con la transmisión de la propiedad de las viviendas y los vehículos de motor.

Acotó que, aunque a muchos les preocupa la dilación de su puesta en práctica, estos procesos se complejizan debido a la gran cantidad de normativas que es preciso modificar.