A partir de la reforma constitucional de 1992 se incorporó a la Constitución de la República en su artículo 117, la unificación en una sola persona de las funciones de Presidente de las Asambleas Locales del Poder Popular y las de Presidente de su órgano de administración.

Debido a diferentes problemas surgidos a partir de esta organización institucional y atendiendo a las experiencias que se venían obteniendo, se constituyó una comisión mixta del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno, que durante meses analizó y estudió las distintas situaciones que se venían suscitando.

En el análisis realizado se tomaron en cuenta, entre otros aspectos, las deficiencias e insuficiencias presentadas en la actividad de los órganos locales del Poder Popular, en especial en la gestión de los Consejos de la Administración y entidades subordinadas, las insuficiencias presentes en la atención que se brinda a los planteamientos de los electores, así como la falta de vínculos de los dirigentes administrativos locales con la base, del mismo modo se tuvo en cuenta los problemas en el funcionamiento de los órganos locales del Poder Popular, lo insuficiente de las relaciones de trabajo de las direcciones de las Asambleas Municipales con los delegados, la limitada exigencia a las direcciones administrativas así como tareas que se encomiendan realizar a los delegados que no les corresponden.

Como resultado de esos estudios se ha comprobado la existencia de dificultades en la fusión de ambos cargos en una misma persona, entre las cuales pueden mencionarse:

< el comprometimiento de los Presidentes y Vicepresidentes con los resultados de la gestión económica y administrativa, producto de la dualidad de responsabilidades, provocando que, por lo general, estos no mantengan la debida exigencia hacia la Administración y hayan demostrado parcialidad y enfoques administrativos en su actuar, dando prioridad a la gestión de los Consejos de la Administración, afectándose el equilibrio que debe existir en el funcionamiento de los órganos del Poder Popular;

< nuevos requerimientos a los cuadros seleccionados para desempeñar esas tareas, incrementando las funciones y responsabilidades que tienen asignadas, situación que resulta agravada porque no siempre se cuenta con los compañeros idóneos para desempeñar las mismas;

< al coincidir ambas responsabilidades en una misma persona no ha sido posible impedir que los órganos de la administración local, asuman en su gestión funciones que son competencia de las Asambleas;

< el hecho de que el Presidente, a los dos años y medio de desempeñar esos cargos, culmine el mandato, trunca la estrategia de dirección que el mismo tiene establecida en el órgano de administración, obstaculizando la continuidad de la misma y en muchos casos perdiéndose la experiencia y conocimientos adquiridos en la gestión de gobierno;

< el estar unidos en una sola persona ambas actividades de trabajo, dificulta a las Asambleas Locales ejercer plenamente sus funciones, ya que al Presidente lo absorben los problemas administrativos y de gobierno del territorio dada la complejidad de los mismos y, consecuentemente, no puede dedicar la atención y tiempo exigido a las Asambleas, a las comisiones de trabajo de esta, a los delegados y en especial a la población, lo que resulta cada día exigido con mayor insistencia.

Con vistas a trabajar en la solución de estas situaciones y otras, referentes al perfeccionamiento institucional del Estado cubano, en reunión conjunta de la Comisión del Buró Político del CC del PCC y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, mediante el Acuerdo 6870 de 21 de julio de 2010 se constituyó una Comisión, que ha venido trabajando y realizando propuestas en tal sentido a los Órganos Superiores del Estado.

En atención a lo expuesto, y en correspondencia con las indicaciones emanadas del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, y de su Resolución sobre el Perfeccionamiento de los Órganos del Poder Popular, el Sistema Electoral y la División Político Administrativa, en especial lo referido a la necesidad de "...evaluar en las actuales circunstancias y en perspectiva la organización y funcionamiento del Poder Popular".

Teniendo en cuenta además, la Ley No. 110 aprobada por esta Asamblea Nacional en su sesión ordinaria de 1ro. de Agosto de 2010, Ley Modificativa de la Ley 1304 de 3 de julio de 1976, de la División Política Administrativa y la facultad que la misma confiere al Gobierno de la República de realizar "...los ajustes que considere pertinentes en el funcionamiento, conformación, estructuras y subordinación de los organismos y entidades requeridas para el mejor desempeño de la organización administrativa y de gobierno...", y en atención a los análisis antes referidos así como a los estudios y recomendaciones que se realizan, resulta necesario separar, el desempeño de los cargos de Presidente de las Asambleas Locales del Poder Popular y de sus respectivos Consejos de la Administración en personas distintas. Para ello es oportuno aplicar esta estructura con carácter experimental y por un tiempo determinado en las nuevas provincias de Artemisa y Mayabeque, lo que nos permitirá obtener la certeza de su efectividad con vistas a evaluar en su día la generalización en el país de esta nueva forma de organización institucional.

El problema fundamental que entorpece la aplicación de esta experiencia resulta de lo preceptuado en el artículo 117 de la Constitución de la República, referido a que "...los Presidentes de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular son a la vez presidentes de los respectivos Órganos de Administración".

A tales efectos y teniendo en cuenta experiencias anteriores en la nación, como fue la aplicada en los años 70 en la provincia de Matanzas para la implementación de los órganos del Poder Popular y al hecho jurídico de que esta Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente así como quien único puede realizar reformas a la Constitución, teniendo la iniciativa en tal sentido, de conformidad todo ello con los artículos 70 y 137 respectivamente de la Norma Suprema, proponemos a Ustedes acordar iniciar un proceso con vistas a adquirir el conocimiento suficiente para que, sobre la base de sus resultados, considerar en su día, la posible reforma del mencionado artículo 117 de la Constitución.

Como parte de este proceso se aplicará, con carácter experimental, la división en dos funcionarios, de los cargos y atribuciones de Presidente de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular y de sus respectivos Consejos de la Administración, manteniendo el primero de estos su carácter electivo y el segundo designado por la Asamblea respectiva. Esta prueba queda circunscrita únicamente a las nuevas provincias de Artemisa y Mayabeque, y se aplicaría por un término no mayor a dieciocho meses.

Transcurrido el tiempo, que permita tener la certeza de la experiencia en cuestión, dar cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su evaluación y decisión sobre la procedencia de los cambios estructurales aplicados y en consecuencia decidir sobre la pertinencia de la reforma constitucional, para su generalización en el resto del territorio nacional.

En tal sentido y como parte de este acuerdo se propone encargar a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, en coordinación con la Comisión Permanente de implementación y desarrollo de los Lineamientos, atender este proceso e informarle oportunamente de sus resultados.

ACUERDO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Atendiendo a la necesidad de perfeccionar el funcionamiento de los órganos del Poder Popular, en correspondencia con la Resolución adoptada a tales efectos por el VI Congreso del PCC y teniendo en cuenta el hecho de que a partir de la aprobación de la Ley No. 110 Modificativa de la División Política Administrativa, se constituyen nuevas demarcaciones territoriales con la creación de las provincias de Artemisa y Mayabeque.

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR: ACUERDA

1. Aprobar se realice la experiencia que se nos propone por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Órganos Locales del Poder Popular, consistente en separar la dirección de los Consejos de Administración y de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular. Aplicarla por un término no mayor de dieciocho meses, en las provincias de Artemisa y Mayabeque como parte del proceso de estudio y comprobación que permita posteriormente, adoptar con certeza la decisión legislativa definitiva en tal sentido.

2. Facultar a las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular en las provincias citadas, para designar a las personas que se encarguen de la dirección de los respectivos Consejos de Administración.

3. Encargar al Consejo de Ministros con la implementación de esta experiencia y facultarlo para que adopte las medidas requeridas a tales efectos.

4. Encomendar a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, de conjunto con la Comisión Permanente para la implementación y de-sarrollo, atender a esta experiencia e informar oportunamente para que, tomando en cuenta los resultados obtenidos, valorar la pertinencia o no de los cambios legislativos en cuestión.