Un debate en torno a la constitución neoliberal vigente se
intensifica hoy en Perú, al salir del ámbito político y jurídico, y
extenderse a la sociedad, con un reclamo indígena de una asamblea
constituyente, dio a conocer Prensa Latina.
El tema fue puesto sobre el tapete por el presidente Ollanta
Humala, quien al jurar el cargo en el Congreso, el pasado jueves,
prometió honrar el espíritu, los valores y principios de la carta
magna nacionalista de 1979.
El hecho motivó la escandalosa reacción, a gritos hostiles, de
elementos de la bancada de seguidores del expresidente Alberto
Fujimori (1990-2000), bajo cuya férula se aprobó la constitución
actual y que reclamaban al nuevo mandatario sujeción absoluta a la
misma.
Los fujimoristas llegaron al extremo de desconocer a Humala como
presidente por haber jurado por una carta magna sin vigencia y los
protagonistas del escándalo están a punto de ser sancionados por el
Legislativo.
La validez de la impugnación fue descartada por el presidente del
Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, y otros juristas, en cuya
opinión el mandatario no cometió infracción alguna porque se
comprometió a respetar el orden legal vigente.
El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, constitucionalista,
y otros miembros del gobierno y legisladores del bloque oficialista
Gana Perú rechazaron al mismo tiempo la pretensión de que la carta
actual sea intocable y dijeron que puede ser modificada.
Según el argumento, ese documento jurídico tiene relativa
legitimidad, por haber surgido de un autogolpe de Estado (1992) que
clausuró el Congreso y porque su aprobación careció de consenso.
Además, la propia carta magna tiene mecanismos para su reforma,
la que, según Eguiguren, se buscará con consulta al Congreso, de ser
necesario para el proceso de transformación con fines de equidad que
anuncia Humala.
El congresista socialista de Gana Perú Javier Diez Canseco fue
más allá y, a título personal, señaló que el mensaje presidencial
del pasado jueves contiene políticas y medidas, cuya realización
requerirá profundos cambios constitucionales.
La realidad nos interpela diariamente y nos exige un nuevo
contrato social que haga posible la convivencia armoniosa de todos
los peruanos, dijo ese día Humala, lo que para Diez Canseco plantea
una nueva Constitución.
A la luz del mensaje, indicó el legislador, el cambio debe ser
político, porque el nuevo presidente habló de lograr una democracia
participativa, pero también social y económico.
Para el ministro de la Producción, en lo económico la mayor
presencia del Estado en la economía planteada por Humala puede
lograrse con leyes específicas, pero las reformas constitucionales
no pueden ser tabú.
El tema parece no tener consenso porque el ministro de Economía,
Luis Castilla tecnócrata neoliberal que fue viceministro en el
anterior gobierno-, sostuvo que un cambio constitucional no está en
la agenda y causaría incertidumbre.
Tal argumento es usado por los gremios empresariales y la prensa
conservadora, aunque el ministro Eguiguren piensa diferente y
argumenta que la carta actual tiene puntos que obstaculizan la
transformación buscada.
Toda Constitución tiene también un techo ideológico y el de la
carta de 1993 piensa en un Estado de segunda clase, subsidiario, y
no solo en lo económico y subordinado al interés individual de
lucro.
El exdecano del Colegio de Abogados de Lima Walter Gutiérrez
consideró que el nuevo presidente apunta a reformar la Constitución,
lo que consideró una intención legítima .
Por su parte, el líder indígena de una protesta aymara de la
región surandina de Puno que el pasado gobierno reprimió con saldos
mortales, Walter Aduviri, planteó la necesidad de una asamblea
constituyente que elabore una nueva carta magna.
Señaló que el cambio es necesario porque la carta vigente ha
hecho posible concesiones mineras excesivas contra las que
protestaron los aymaras, que obligaron al pasado gobierno a anular
una concesión dada a una empresa canadiense cerca de la frontera con
Bolivia, y que los nativos rechazaron por su impacto contaminante.