El clima de distensión abierto por el inicio de un nuevo gobierno
se acentúa este lunes en Perú, tras un crucial diálogo entre la
principal central obrera y el ministro de Trabajo, Rudecindo Vega.
En la reunión entre Vega y la dirigencia de la Confederación
General de Trabajadores de Perú (CGTP) quedó establecida la común
voluntad de mantener un diálogo permanente y de velar por los
derechos laborales, reporta Prensa Latina.
El clima creado contrasta con la crispación y el enfrentamiento
causados por la política patronal del pasado gobierno del presidente
Alan García, según hizo notar en el diálogo con Vega el secretario
general de la CGTP, Mario Huamán.
En la cita Huamán reafirmó el apoyo la central a los cambios
planteados por el nuevo gobierno de Ollanta Humala, que deben, dijo,
terminar con la política del cholo (mestizo andino) barato, es decir
la sobreexplotación laboral.
Indicó que tal política rige desde el gobierno de Alberto
Fujimori (1990-2000) y fue mantenida por el de García, que calificó
como nefasto, lo que contrastó con el gesto de Vega, de inaugurar su
gestión con una visita a la CGTP y el diálogo con sus dirigentes.
Recordó que en la administración recién terminada fueron
despedidos cinco mil trabajadores solo por intentar organizarse
sindicalmente y hubo una sistemática violación de otros derechos
laborales.
Según Huamán, los trabajadores votaron por el cambio de esa
situación, para que el crecimiento no quede en pocas manos, sino que
se distribuya para las mayorías que pugnaron para que el gobierno de
Humala sea realidad.
Tras remarcar la necesidad de poner fin a la política del cholo
barato, argumentó que nosotros también somos responsables del
crecimiento económico y por ende tenemos el derecho de beneficiarnos
de la riqueza que ayudamos a generar.
Pidió al ministro un rol más activo del Ministerio de Trabajo
para hacer respetar los derechos laborales, como el de organizarse
sindicalmente y negociar en forma colectiva mejoras salariales,
promover el empleo digno y otros.
El ministro Vega planteó a su vez un compromiso de respeto a esos
derechos con más inspecciones, para lo cual debe impulsarse una
nueva ley de trabajo empantanada desde hace más de una década en el
Congreso.
Huamán denunció de otro lado que el pasado gobierno lanzó
decretos inconstitucionales que daban luz verde a la represión
militar y policial de las protestas sociales, que ocasionaron un
número no precisado de muertos.
Demandó que esas normas sean anuladas por el parlamento y que
este denuncie judicialmente a los responsables de esas muertes, que
suman más de cien, según el exprocurador estatal Ronald Gamarra,
quien también demandó la anulación.