La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la
ejecución de 17 internos en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, el
pasado 25 de julio, en un comunicado difundido hoy.
Igualmente urgió al gobierno del presidente mexicano Felipe
Calderón a adoptar medidas concretas para la seguridad interna de
los centros penitenciarios.
La CIDH demandó medidas efectivas para que no se ingresen armas y
drogas, además de controlar allí la actividad de las organizaciones
criminales.
También el organismo expresó su preocupación por la muerte en la
riña de la reclusa Ana Cristina Andrade Gallegos, identificada como
líder de Los Aztecas en el área femenil, quien se encontró
inexplicablemente en el área de reclusión masculina.
La CIDH puntualizó que el estado está en la obligación de
garantizar la separación efectiva entre hombres y mujeres en los
centros de privación de libertad, como lo establecen las normas
internacionales de derechos humanos.
El lunes pasado, una disputa entre las bandas rivales de Los
Aztecas, ligado al grupo delictivo de La Línea y Los Mexicles,
ligados al cártel de Sinaloa, dejó un saldo de 17 personas muertas,
entre ellas Cristina Andrade, además de una veintena de heridos.
Las autoridades iniciaron dos líneas de investigación: el
enfrentamiento entre bandas rivales por la disputa por el control
del Centro de Readaptación Social (Cereso), y otra sobre un supuesto
plan de fuga, la cual no prosperó.
La masacre puso al descubierto diversas irregularidades en el
centro penitenciario, como el ingreso de sexoservidoras al penal,
incluidas menores de edad, así como la introducción consentida de
alcohol, drogas y armas de fuego.