El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, destacó este sábado la decisión de la Asamblea Nacional, al designar a Tania Arias como su delegada al Consejo de la Judicatura de Transición, para cumplir el mandato popular de reestructurar el sistema de justicia.

Durante su habitual rendición de cuentas sabatina a la ciudadanía, esta vez en el parque Samanes de la ciudad de Guayaquil, aseguró que el cuerpo colegiado podrá iniciar de inmediato sus actividades y cumplir así el mandato del voto popular el pasado 7 de mayo, reporta Prensa Latina.

Tras la oficialización de los resultados de la consulta popular, el Ejecutivo nombró a Paulo Rodríguez, ex director nacional del Registro Civil, como su delegado y la Función de Transparencia y Control Social designó a Fernando Yábar como su representante.

La designación del delegado de la Asamblea Nacional, tardó casi dos semanas en concretarse, debido a las presiones y boicot de la oposición política al gobierno para intentar imponer su candidato pese a que perdieron en la Consulta Popular, comentó.

Sobre el tema judicial, Correa anunció que después de 73 años el Gobierno tiene listo para presentar a la Asamblea el proyecto de ley del nuevo Código Penal Integral, cuyo objetivo es evitar el estado de impunidad así como potenciar un verdadero trabajo penitenciario.

El nuevo Código consta de tres libros: de lo sustantivo (las penas), del procedimiento, y de la ejecución (sistema de rehabilitación social, y alternativas), explicó el Mandatario tras señalar como primer cambio importante el incremento de penas en ciertos delitos.

También, apuntó, la acumulación de penas hasta un límite propuesto de 35 años, y la penalización por todos los delitos cometidos, lo cual no es así en el código vigente.

La ley de drogas impuesta por Estados Unidos en los años 90 era una barbaridad, afirmó Correa, pues en ella no se diferenciaba entre el consumidor, las mulas o transportistas y los grandes traficantes, para quienes se proponen ahora entre 19 y 25 años de cárcel.

Se precisan igualmente, explicó, algunos delitos como sicariato, violencia familiar, ocupación ilegal de suelo, mala práctica médica, practica restrictiva de la competencia, no afiliación al seguro social, construcciones mal hechas, entre otros.