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La solución no es prohibir, sino indicar
La localidad de Alamar, ubicada en el municipio
capitalino de Habana del Este, constituye otro de los tantos
ejemplos en los cuales la falta de integralidad en el trabajo de los
sistemas de inspección de Planificación Física, el Gobierno,
Vivienda y Comunales, ha propiciado la proliferación de numerosas
violaciones urbanísticas
YAIMA PUIG MENESES
Tal vez muchos piensen que a estas alturas del campeonato muy
poco queda por decir sobre violaciones urbanísticas,
irresponsabilidades estatales, o falta de exigencia, control y
sistematicidad con respecto a estos temas... Pero no es cierto.
Una
de las violaciones más comunes es la ampliación de los apartamentos.
Aun cuando en cientos de lugares se repiten como clones las
historias sobre portales cerrados para ampliar las viviendas; la
creación de jardines, parqueos o carporch en espacios comunes; la
construcción de inmuebles sin previa autorización de las entidades
correspondientes... y más; continúan apareciendo obras
"magistrales", fruto de la inventiva del cubano, y sobre todo, del
desentendimiento de las entidades estatales encargadas de hacer
cumplir las normas instituidas.
La localidad de Alamar, ubicada en el capitalino municipio de
Habana del Este, constituye un genuino ejemplo de la distorsión de
regulaciones urbanísticas, el irrespeto a las normas establecidas,
la falta de previsión estatal... Al recorrer sus zonas, parece como
si las construcciones ilícitas no tuvieran fin.
Al
no existir las áreas de parqueo, la población ha tomado la solución
por su cuenta.
En el entramado de sus calles, o lo que queda de ellas, es común
encontrar cientos de garajes o cuartos de desahogo en el más
insospechado lugar y con los más diversos materiales, que pueden
ser, desde trozos de metal, hasta sólido hormigón; cercados
perimetrales de áreas comunes donde reverdecen hermosos jardines de
uso particular; ampliaciones de apartamentos que en algunos casos,
llegan a ser incluso, más grandes que la construcción original:
edificaciones de dos pisos, extensiones del inmueble hasta la mitad
de la calle... todo ello apenas en la primera planta de la casi
totalidad de los edificios visitados.
Y por si fuera poco, también diversas entidades estatales han
construido en áreas no autorizadas o sin tener en cuenta los
requerimientos particulares de una zona. ¿Cómo exigir entonces a la
población, si a quienes corresponde hacerlo también actúan al margen
de la legalidad?
Según confirman documentos recientemente "desempolvados" por el
Instituto de Planificación Física, cuando se inició la construcción
de los primeros edificios, en sus proyectos fueron previstas
infraestructuras como parqueos, viales, áreas verdes, espacios para
juegos infantiles y otros, de los cuales muy pocos se ejecutaron en
su totalidad.
En
algunos casos se ha llegado a acondicionar “viviendas” en los
sótanos de los edificios.
Fue entonces que, esgrimiendo la justificación de incrementar el
fondo habitacional del país, se ignoraron planes y proyectos.
Aumentaron las viviendas, sí; mas, en consecuencia, surgieron
comunidades en las que la población ha tratado de resolver por su
cuenta el mencionado problema de los parqueos, por solo poner un
ejemplo.
Después de una violación se sucedieron otras: balcones cerrados;
cambios de fachada; sótanos convertidos en viviendas o parqueos;
construcciones estatales en lugares inadecuados; y hasta la
existencia de parqueos con servicio de electricidad y metrocontador
incluido. Inverosímil, pero cierto.
Datos preliminares sobre un diagnóstico —aún por concluir— que
realizan en la localidad de Alamar miembros de la Fiscalía de
conjunto con especialistas de Planificación Física y Vivienda,
muestran que solo en la planta baja de unos 300 edificios del
Consejo Popular Alamar Este, se han detectado más de 4 mil
infracciones.
Mientras, las entidades estatales encargadas de evitar la
proliferación de estas violaciones se hicieron durante años las de
la vista gorda y, tanto Alamar como otras localidades cubanas, se
plagaron de ellas. En muchos casos sucedió además, que en el
transcurso de la construcción —sea cual sea esta—, jamás fueron por
allí los conocidos inspectores; solo aparecían después de concluidos
los trabajos, cobraban la multa y volvían a desaparecer con la misma
agilidad que llegaron. Luego, ni siquiera se ocupaban por conocer si
las transgresiones persistían.
Y así, al ser estas las "reglas" del juego, a través de los años
la mayoría de la población consideró el hecho de pagar una multa
como la llave para legalizar una infracción, cuando tal criterio no
tiene ni un ápice de certeza. De sobra conocemos todos qué sucede
cuando en cualquier sector, por sencillo que parezca, se entroniza
la impunidad: cada quien hace y deshace a conveniencia. Entonces una
interrogante se reitera e inquieta: ¿Podemos darnos el lujo de que
este inadecuado proceder continúe siendo regla y no excepción? |