La solución no es prohibir, sino indicar

La localidad de Alamar, ubicada en el municipio capitalino de Habana del Este, constituye otro de los tantos ejemplos en los cuales la falta de integralidad en el trabajo de los sistemas de inspección de Planificación Física, el Gobierno, Vivienda y Comunales, ha propiciado la proliferación de numerosas violaciones urbanísticas

YAIMA PUIG MENESES

Tal vez muchos piensen que a estas alturas del campeonato muy poco queda por decir sobre violaciones urbanísticas, irresponsabilidades estatales, o falta de exigencia, control y sistematicidad con respecto a estos temas... Pero no es cierto.

Una de las violaciones más comunes es la ampliación de los apartamentos.

Aun cuando en cientos de lugares se repiten como clones las historias sobre portales cerrados para ampliar las viviendas; la creación de jardines, parqueos o carporch en espacios comunes; la construcción de inmuebles sin previa autorización de las entidades correspondientes... y más; continúan apareciendo obras "magistrales", fruto de la inventiva del cubano, y sobre todo, del desentendimiento de las entidades estatales encargadas de hacer cumplir las normas instituidas.

La localidad de Alamar, ubicada en el capitalino municipio de Habana del Este, constituye un genuino ejemplo de la distorsión de regulaciones urbanísticas, el irrespeto a las normas establecidas, la falta de previsión estatal... Al recorrer sus zonas, parece como si las construcciones ilícitas no tuvieran fin.

Al no existir las áreas de parqueo, la población ha tomado la solución por su cuenta.

En el entramado de sus calles, o lo que queda de ellas, es común encontrar cientos de garajes o cuartos de desahogo en el más insospechado lugar y con los más diversos materiales, que pueden ser, desde trozos de metal, hasta sólido hormigón; cercados perimetrales de áreas comunes donde reverdecen hermosos jardines de uso particular; ampliaciones de apartamentos que en algunos casos, llegan a ser incluso, más grandes que la construcción original: edificaciones de dos pisos, extensiones del inmueble hasta la mitad de la calle... todo ello apenas en la primera planta de la casi totalidad de los edificios visitados.

Y por si fuera poco, también diversas entidades estatales han construido en áreas no autorizadas o sin tener en cuenta los requerimientos particulares de una zona. ¿Cómo exigir entonces a la población, si a quienes corresponde hacerlo también actúan al margen de la legalidad?

Según confirman documentos recientemente "desempolvados" por el Instituto de Planificación Física, cuando se inició la construcción de los primeros edificios, en sus proyectos fueron previstas infraestructuras como parqueos, viales, áreas verdes, espacios para juegos infantiles y otros, de los cuales muy pocos se ejecutaron en su totalidad.

En algunos casos se ha llegado a acondicionar “viviendas” en los sótanos de los edificios.

Fue entonces que, esgrimiendo la justificación de incrementar el fondo habitacional del país, se ignoraron planes y proyectos. Aumentaron las viviendas, sí; mas, en consecuencia, surgieron comunidades en las que la población ha tratado de resolver por su cuenta el mencionado problema de los parqueos, por solo poner un ejemplo.

Después de una violación se sucedieron otras: balcones cerrados; cambios de fachada; sótanos convertidos en viviendas o parqueos; construcciones estatales en lugares inadecuados; y hasta la existencia de parqueos con servicio de electricidad y metrocontador incluido. Inverosímil, pero cierto.

Datos preliminares sobre un diagnóstico —aún por concluir— que realizan en la localidad de Alamar miembros de la Fiscalía de conjunto con especialistas de Planificación Física y Vivienda, muestran que solo en la planta baja de unos 300 edificios del Consejo Popular Alamar Este, se han detectado más de 4 mil infracciones.

Mientras, las entidades estatales encargadas de evitar la proliferación de estas violaciones se hicieron durante años las de la vista gorda y, tanto Alamar como otras localidades cubanas, se plagaron de ellas. En muchos casos sucedió además, que en el transcurso de la construcción —sea cual sea esta—, jamás fueron por allí los conocidos inspectores; solo aparecían después de concluidos los trabajos, cobraban la multa y volvían a desaparecer con la misma agilidad que llegaron. Luego, ni siquiera se ocupaban por conocer si las transgresiones persistían.

Y así, al ser estas las "reglas" del juego, a través de los años la mayoría de la población consideró el hecho de pagar una multa como la llave para legalizar una infracción, cuando tal criterio no tiene ni un ápice de certeza. De sobra conocemos todos qué sucede cuando en cualquier sector, por sencillo que parezca, se entroniza la impunidad: cada quien hace y deshace a conveniencia. Entonces una interrogante se reitera e inquieta: ¿Podemos darnos el lujo de que este inadecuado proceder continúe siendo regla y no excepción?

 

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