LONDRES, 22 julio.— La población carcelaria en las regiones
británicas de Inglaterra y Gales marcó récord con un total de 85 mil
578 reos, cifra que sobrepasa la capacidad de las prisiones, según
datos del ministerio de Justicia.
Hasta octubre de 2010 se contabilizaron 85 mil 495 internos, un
resultado preocupante para los activistas que han reclamado al
gobierno del primer ministro David Cameron una reducción del número
de personas encarceladas y de las condenas, apunta el diario
londinense The Independent.
El director de la Liga Howard de Reforma Penal, Crook Frances,
consideró importante enfrentar a la sobrepoblación en las prisiones
con una política preventiva y una reforma penal.
Cada semana ingresan cientos de personas más en nuestras cárceles
ya abultadas, y en su mayoría, salen de la cárcel sin cambios y
retornan a la delincuencia, reflexionó el activista británico.
El primer ministro David Cameron tachó hace un mes la propuesta
de ampliar la libertad condicional a un tercio de los condenados,
promovida por el titular de Justicia Kenneth Clarke para
descongestionar las penitenciarias en todo Reino Unido.
Siempre vamos a garantizar que haya suficientes plazas en las
prisiones para los delincuentes condenados a custodia de los
tribunales, explicó el ministro entonces.
Un portavoz de la cartera aseguró al cotidiano que dispondrán el
próximo año de unas dos mil 500 nuevas plazas carcelarias a fin de
lograr un amplio margen entre la capacidad disponible y la población
penal real.
En opinión de Frances, la respuesta a la creciente población
carcelaria no debe ser la de construir más cárceles. Ese crecimiento
incesante en el número de reclusos es insostenible, por ello reclamo
al Gobierno hallar una manera estratégica para reducir su número con
penas más cortas, afirmó el activista.
Para Juliet Lyon, directora de la Prison Reform Trust, el dinero
gastado en el tratamiento de las adicciones reduciría el crimen más
rápido, en vez de poner más gente tras las rejas.
El parlamento británico somete todavía a revisión un proyecto de
reforma del código penal, relacionado con las sentencias y el
tratamiento legal a los reclusos, el cual tiene detractores entre la
derecha conservadora.