La Asamblea Legislativa aprobó una moción para instar a la
presidenta Laura Chinchilla a cumplir con la Ley de Protección al
Trabajador y atenuar la crisis en la Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS), dio a conocer Prensa Latina.
La propuesta es acatar lo establecido en el artículo 78 de la
norma, que obliga a trasladar hasta 15 por ciento de las utilidades
de las empresas estatales al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM),
de la principal entidad aseguradora de los servicios médicos
públicos en este país.
El Frente Amplio (FA) atribuyó la presentación del proyecto al
diputado de ese partido de oposición, José María Villalta, quien
recibió el respaldo de sus pares de la Alianza por Costa Rica.
La recaudación del fondo, que puede mitigar el déficit
presupuestario de la CCSS, nunca pudo concretarse por la falta de un
reglamento para los cobros, de acuerdo con un comunicado de la
organización política.
Desde el 14 de setiembre de 2010, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social envió a la mandataria los estudios y
recomendaciones, para emitir el decreto relacionado con el tema.
Un oficio de la ministra de la rama, Sandra Piszk, remitido a la
Sala Constitucional en mayo de este año, relaciona que el estudio
actuarial de la CCSS estimaba en 300 mil millones de colones (596
millones 777 mil 387 dólares), la deuda de las empresas públicas,
con el régimen IVM.
Por el atraso de la jefa de Estado, ese monto subió hoy en miles
de millones de colones y ello redunda en la profundización de la
crisis, enfatizó el FA.
La información trascendió en el cuarto día de una huelga iniciada
por miles de trabajadores de hospitales, clínicas y otros centros
pertenecientes a la CCSS, quienes exigen al gobierno el pago de las
deudas contraídas con la dependencia para salvar a ese símbolo del
Estado benefactor.