Familiares de las víctimas de la masacre de octubre de 2003
mantienen hoy una vigilia ante la Corte Suprema de Bolivia en
demanda de que concluya el juicio a los autores de la represión
militar.
En ese caso de genocidio el principal responsable es el
exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), ahora prófugo de
la justicia boliviana en Estados Unidos.
Los manifestantes también condenan la dilación de este proceso y
aseguraron que no abandonarán la llamada Ciudad Blanca hasta que se
dicte sentencia.
Mario Ticona, de las comunidades agrarias de la ciudad de El
Alto, afirmó que varios de sus miembros viajaron a Sucre para apoyar
a los familiares de las víctimas de Octubre Negro, como se le
recuerda a aquellos hechos.
Además de los trabajadores agrícolas, llegaron a Sucre en los
últimos días dirigentes y bases de la Central Obrera Regional (COR)
de El Alto, y de las federaciones de Mujeres y de Estudiantes de
Secundaria.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, visitó a
familiares y víctimas de los caídos en octubre de 2003 y expresó su
preocupación por la lentitud en el proceso, a más de siete años de
la masacre.
En este caso, según Juan Quispe, presidente de la Asociación de
los Familiares de las Víctimas de Octubre, se trata de una
confabulación hasta tanto la Corte Suprema se disuelva y dé paso al
Tribunal Supremo de Justicia, cuyas elecciones están previstas para
octubre de este año.
El 17 de octubre de 2003, Sánchez de Lozada instruyó una
represión militar contra manifestantes en las ciudades de El Alto y
La Paz con saldo de 68 muertos y más de 400 heridos.
La protesta popular contra envíos de gas boliviano hacia Estados
Unidos a cambio de un puerto en Chile obligó al expresidente a
dimitir y huir del país; y desde entonces no se le ha podido juzgar
como es debido, informó Prensa Latina.
Sobre el tema, el fiscal del caso, Milton Mendoza, dijo
recientemente que los tres exministros bolivianos imputados y
refugiados en Perú, podrían ser extraditados por el cambio de
gobierno cuando juramente el presidente electo Ollanta Humala.
Recordó que Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres
Goitia (Salud) y Jorge Torres Obleas (Hacienda), están acusados de
genocidio al igual que Sánchez de Lozada y otros miembros del
gabinete.