LONDRES. — El Tribunal Superior de Londres ordenó hoy a Scotland Yard sacar a la luz las informaciones relacionadas con la piratería telefónica a celebridades británicas, víctimas de las escuchas ilegales por investigadores privados y reporteros.

La decisión obedeció a las denuncias del actor Hugh Grant y de la multimillonaria Jemima Khan sobre la interceptación de sus mensajes por un detective que trabajó para el periódico sensacionalista News of the World, perteneciente al grupo News Corporation, del magnate estadounidense Rupert Murdoch.

Conforme a las revelaciones de medios británicos, el recién desaparecido tabloide practicó durante años (desde 2000) escuchas ilegales de teléfonos de figuras famosas, políticos, periodistas y hasta de miembros de la familia real.

Se denunció también que familiares de víctimas de los atentados de 2005, en Londres y de soldados muertos en Irak y Afganistán están afectados con el llamado hacking telefónico, que llegó a su punto álgido apenas hace unos meses.

La Policía Metropolitana de Londres, implicada también en el escándalo y con la renuncia de dos de sus directivos, dijo que acataría la disposición del tribunal.

Clive Goodman es uno de los reporteros detenidos por los pinchazos ilegales a personalidades de alto perfil social. En total son 10 los arrestados hasta la fecha, aunque dos con libertad bajo fianza.

Según una comisión especial del parlamento, la News Internacional del grupo empresarial News Corporation- obstruyó deliberadamente la investigación policial iniciada en 2006, tras las primeras denuncias aparecidas un año antes.

También deploró el fracaso de Scotland Yard, cuya plana mayor es acusada de silenciar por años informaciones recibidas sobre el caso y de mantener un velo sobre las indagaciones, al parecer bajo presión del emporio de Murdoch y del gobierno.

La Comisión de Interior de la Cámara de los Comunes (de Diputados) instó además al ejecutivo a disponer de más recursos para apoyar la nueva investigación sobre la piratería telefónica, reabierta en enero de 2011, bajo el nombre de Operación Weeting.

El informe parlamentario se basó en las seis interpelaciones realizadas el martes a funcionarios de Scotland Yard y a exagentes, implicados directamente con el escándalo, entre ellos, John Yates, a cargo de las pesquisas en 2006 y Paul Stephenson.

Los diputados criticaron a la Policía Metropolitana de Londres por demorar sus contactos con las víctimas de los cacheos telefónicos a fin de reparar los daños.