En la Sala Segunda del Tribunal Provincial Popular de La Habana,
especializada en el conocimiento de delitos económicos y otros
asociados a la corrupción, fueron juzgados durante cinco días el
empresario francés Jean Louis Henry Autret, radicado en Cuba hace
más de una década, y ocho ciudadanos cubanos.
En el acto del juicio oral y público, desarrollado desde el 28 de
junio hasta el pasado día 2, el Fiscal en su acusación solicitó para
Autret 15 años de privación de libertad, como sanción conjunta por
la comisión de los delitos de Lavado de Dinero, Actividades
Económicas Ilícitas, Tráfico de Divisas y Evasión Fiscal.
En relación con los restantes acusados por los delitos de
Falsificación de Documentos Públicos y Cohecho, interesó penas de
entre tres y siete años de privación de libertad. Son ellos María
Collazo González, Juan Carlos Hechevarría Aguilar, José Diosdado
Romero Basulto, Daymís Daisy Toriza del Valle, Jesús Alberto
Zaldívar Ochoa, Yaíma Sáliva Castellanos, Yizza Lassalle Marino y
Delia Rosa Rosales Leyva.
Durante el desarrollo del juicio se examinaron las declaraciones
de los acusados, abundantes pruebas documentales (entre las que se
incluyen las propuestas por las autoridades francesas a solicitud de
Cuba), así como las testificales y periciales, todas las cuales
fueron puestas a la valoración del Tribunal.
El Fiscal sostuvo en su acusación que la actividad de Lavado de
Dinero realizada por Jean Louis Henry Autret estuvo enmarcada en el
funcionamiento de varias sociedades, la utilización de servicios
bancarios para la realización de "presuntas operaciones" comerciales
entre sociedades, y movimientos cíclicos de dinero entre las cuentas
bancarias en Cuba y en el extranjero, dirigidos a ocultar,
desvirtuar y legalizar el origen de los fondos resultantes del
comercio prohibido de estupefacientes y de asociaciones delictivas
creadas y dedicadas a ejecutar estas actividades, logrando
incrementar significativamente su propio capital.
El Ministerio Fiscal explicó que entre los años 1997 y 2009, el
acusado Autret desarrolló actividades comerciales a través de
sociedades mercantiles no registradas legalmente, y en otros casos
ajenas al objeto social de entidades creadas oficialmente, en el
ámbito de cuyas actividades incurrió en ilícitos penales,
tipificados como Tráfico de Divisas y Evasión Fiscal.
Los abogados que asumieron la defensa de los encartados en la
causa contaron con todas las garantías requeridas para su desempeño
profesional, y expresaron en defensa de los acusados los argumentos
que entendieron pertinentes.
El Tribunal declaró el proceso concluso para sentencia y
pronunciará su veredicto en los próximos días.