Un exgeneral guatemalteco detenido rendirá hoy declaraciones ante un juzgado que lo acusa de genocidio durante un período en 1982-1983, en el efímero gobierno del golpista Efraín Ríos Montt.

Las imputaciones incluyen delitos contra la humanidad y desaparición forzada contra Héctor Mario López, ahora con 81 años de edad, quien fuera entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

López fue aprehendido el pasado viernes en esta capital por orden del juzgado primero de alto riesgo y permanece en una celda del cuartel militar Mariscal Zavala, en esta ciudad.

La fiscalía lo señala como principal responsable de más de 10 mil asesinatos, miles de desplazamientos forzados y violaciones de mujeres indígenas ordenados desde su cargo, ocupado del 1 de septiembre de 1982 al 8 de agosto de 1983.

Todos esos crímenes de las tropas ocurrieron al poner en práctica los planes Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83, creados y ejecutados durante el mandato militar de López.

Aquellos se desarrollaban como parte de las acciones contrainsurgentes de las fuerzas castrenses, fundamentalmente en estrategias trazadas como la de tierra arrasada para el exterminio masivo de quienes acusaban de pertenecer o apoyar a la guerrilla.

Esos hechos fueron en buena parte los responsables de los 250 mil muertos calculados en Guatemala durante el conflicto armado interno de 1960 a 1996, atribuidos por estudios en su inmensa mayoría al Ejército, los cuerpos de seguridad y los paramilitares.

Dicha cifra incluye más de 45 mil detenidos y luego desaparecidos tanto en las zonas rurales como en las ciudades, sobre todo en las primeras de ellas donde las comunidades indígenas eran las principales víctimas.

La aprehensión de López ocurrió en respuesta a una denuncia presentada por familiares de afectados en la guerra ante el Ministerio Público, la cual debió esperar 11 años por su materialización.

Entre las evidencias presentadas para la acusación hay testimonios de esos parientes y los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y de la Recuperación de la Memoria Histórica.

La CEH, por ejemplo, le atribuye a la institución castrense el asesinato de unas 30 mil personas y haber forzado la huida de otro millón hacia México durante la administración de facto de Ríos Montt.