Ricardo Alonso Venereo

Desde el triunfo de la Revolución de enero de 1959, la atención a los niños y niñas tuvo por parte del Estado un propósito bien definido: el respeto y la atención a sus derechos. Incluso, antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/ 25, del 20 de noviembre de 1989, aprobara la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por Cuba el 26 de enero de 1990, ya existía un gran número de medidas legislativas, judiciales y administrativas, recogidas en la Constitución de la República de 1976, y en el Código de la Niñez y la Juventud, el Código de Familia, el Civil, el Penal, y otros. Asimismo, un grupo de instituciones aúna sus esfuerzos para asegurar a niños, niñas y adolescentes una infancia plena de derechos. Entre ellas está la Fiscalía General de la República.

De ello conversa Granma con Idania Silot Navarro, Fiscal Jefe del Departamento de Asuntos Civiles, Administrativos y Laborales de la Fiscalía General de la República,

"Desde que el 11 de julio de 1997 se aprobara la Ley de la Fiscalía General de la República, esta dispuso entre las funciones de los fiscales, representar y defender a los menores que por cualquier causa queden en situación de desamparo filial o ausencia de representante legal.

"La Fiscalía es llamada para que ofrezca su dictamen o parecer en todo asunto relacionado con la patria potestad, la adopción de niños, el reclamo judicial de su filiación o la impugnación de su reconocimiento, la autorización excepcional para contraer matrimonio, entre otros. A ella corresponde, además, el ejercicio de la acción necesaria para la constitución de la tutela, cuando legalmente proceda.

"También es nuestra función comprobar la observancia de las leyes, reglamentos y disposiciones sobre el tratamiento a menores de edad acogidos en instituciones asistenciales y el que se brinda a los que presenten trastornos de conducta."

Dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República se creó la Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos, especializada, entre otras tareas, en la defensa de los derechos de las personas en general, y particularmente de los menores de edad.

"Ellos asisten sistemáticamente —continúa diciendo la Fiscal— a los hogares e instituciones dedicados a la tutela, atención y educación de menores de edad sin amparo filial, para conocer su situación legal y cuidar y exigir por la protección de sus derechos, bienes e intereses; a su vez disponen y exigen por el cumplimiento de las medidas que procedan.

"También realizan visitas de control de la legalidad, para verificar el cumplimiento de lo establecido en la atención de los niños, niñas y adolescentes que han incurrido en conductas infractoras o hechos tipificados como delitos.