Ricardo Alonso Venereo

A un sobrino poco le faltó para echarse a correr cuando le pregunté cuánto más esperaría para casarse con su novia y formar una familia, como se decía antes, con todas las de la ley. Me bastó la forma en que me miró para comprender que eso no estaba entre sus planes, e imaginé que tampoco en los de su novia.

Según la Constitución de la República, máxima norma jurídica de nuestro país, en el Artículo 36, se precisa que: "El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de las actividades sociales de ambos.

La ley regula la formalización, reconocimiento y disolución del matrimonio y los derechos y obligaciones que de dichos actos se derivan".

Y aunque para llegar al matrimonio prima la voluntariedad, no olvidé las palabras de la doctora Olga Mesa Castillo, presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, quien en una conversación que sostuviéramos me explicó:

"El número de parejas que deciden vivir en unión consensual es cada vez mayor en nuestro país y es una tendencia dominante en toda la llamada civilización occidental. Sin embargo, el matrimonio da protección jurídica a la pareja, pues al acceder a la categoría de cónyuges mediante la legalización de esa unión, les da determinados derechos y obligaciones, fundamentalmente en el orden económico y en el patrimonial".

Así quedó clara la importancia de formalizar una unión, pues en caso de que una de las partes decidiera disolverla jurídicamente, resultaría más armónico llegar a una solución si estas estuvieran de mutuo acuerdo en cuanto al tema de la división de bienes y la responsabilidad de los hijos. De ocurrir lo contrario, y tener que apelar a la justicia, la no formalización de la unión haría más engorroso el proceso. Este transcurriría, según lo establecido por la ley, en el tribunal especializado en Familia, a partir de la instrucción 187/ 2007, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

"En el caso de los hijos, continuó explicándome la también profesora titular y consultante de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, no es obligatorio estar casados para reconocerlos. Sin embargo, cuando estos se tienen bajo el acto del matrimonio de los padres, le da estabilidad y fortaleza a la familia, aportándole un rango de institucionalidad o juricidad que la enaltece".

Coincido con la jurista en la necesidad de revertir entre nosotros la tendencia actual a la no formalización del matrimonio, pues como asegura: "esta tendencia por sus características de liberalidad puede dar lugar a la desprotección de la prole y a que no se cumpla con el derecho de estos a la biparentalidad, recogido en la Convención sobre los Derechos de los Niños".

Según datos aportados por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), entre el año de 1953 y el 2002, fecha del último Censo de Población y Viviendas, hubo un incremento de un 4,6 % en las uniones consensuales.