Diputados bolivianos aceleran este jueves los debates sobre modificaciones a la ley del Régimen Electoral, de cara a la consulta sobre autoridades judiciales, prevista para octubre próximo.

Las deliberaciones se prolongan más del tiempo establecido en torno al artículo 82 que delimita las atribuciones de los medios de comunicación y de los mismos candidatos a magistrados de los Tribunales Constitucional, Supremo de Justica y Agroambiental, así como del Concejo de la Magistratura, reporta Prensa Latina.

La discusión tiene en cuenta una propuesta técnica presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras un llamado del propio jefe de Estado, Evo Morales.

Para la máxima autoridad de la cámara baja, Héctor Arce, la reforma al artículo 82 no es porque haya tenido características inconstitucionales, sino para mejorar su redacción.

Al mismo tiempo aseguró que la elección por voto popular de los candidatos a máximas autoridades del poder judicial constituye un proceso de construcción inédito en el país que posibilitará contar con una justicia independiente.

La enmienda al proyecto de ley deroga el inciso que se refiere a que los postulantes no podían manifestar ninguna opinión ni tratar temas vinculados a su candidatura en foros públicos o encuentros.

Asimismo el cambio facilita que los candidatos participen en entrevistas y emitan opiniones, aunque les prohíbe dirigir y conducir programas radiales y televisivos o mantener espacios informativos de opinión en medios escritos.

Arce destacó que las elecciones al Órgano Judicial, en octubre próximo permitirán construir una administración independiente, digna y transparente de los procesos.

Apuntó que las 56 nuevas autoridades deberán asumir el reto de ser verdaderamente independientes, porque le van a deber su cargo, no a su padrino político, no a una designación congresal, sino al soberano.

También aclaró que la construcción de una nueva justicia no solamente es con personas, lógicas de elección, sino también con nuevas herramientas y códigos.

En ese sentido, anticipó que la Asamblea Legislativa Plurinacional invitó a participar a los abogados y catedráticos en las nuevas reformas de los Códigos Penal, Civil y otros que manda la Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009.