Tras más de 15 horas de debate ininterrumpido, la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este viernes el Reglamento de
preselección de candidatos a los tribunales judiciales de Bolivia,
con vistas a los comicios de octubre próximo.
Según informó el senador del Movimiento al Socialismo (MAS),
Adolfo Mendoza, el reglamento de 21 artículos, incorporó una serie
de iniciativas para lograr una norma con el máximo consenso posible,
reporta Prensa Latina.
Mendoza señaló que el objetivo es lograr un proceso electoral
inédito en el mundo que sea transparente y un ejemplo para todos los
países.
Destacó que será la primera vez que los ciudadanos de una nación
concurran a emitir su voto directo para elegir a autoridades
judiciales.
Al respecto, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó
recientemente que las elecciones populares del poder judicial en
Bolivia buscan la transparencia en la administración de justicia.
Recordó que los partidos tradicionalistas siempre utilizaron esos
procesos para su beneficio político, situación que el gobierno
quiere evitar con el voto directo del pueblo.
Al respecto, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
Wilfredo Ovando, indicó que los ciudadanos devendrán autores
intelectuales y materiales de ese proceso.
Ovando destacó la importancia de que no exista injerencia de los
partidos políticos, pues solo de esa forma contarán con un órgano
judicial independiente.
En ese sentido, precisó que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP)
divulgará las características de los candidatos con el objetivo de
que la población elija en función de los méritos y a la capacidad de
los postulantes.
La votación se celebrará en cumplimiento de los mandatos de la
nueva Constitución Política del Estado, la cual dispone que los
bolivianos elijan a los magistrados del Poder Judicial con la
participación directa del pueblo, algo inusual en las democracias
del mundo.
De acuerdo con cifras oficiales, unos cinco millones de
ciudadanos asistirán a las urnas en octubre de este año para elegir
a los magistrados de los Tribunales Constitucional, Supremo de
Justicia y Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.