El gobierno peruano planteó hoy la necesidad de una ley de
seguridad alimentaria en la V Reunión del Grupo de Trabajo de la
Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, informó Prensa
Latina.
Ante delegados de 15 países, la ministra de la Mujer y Desarrollo
Social, Virginia Borra, dijo que la norma es necesaria para
enfrentar el hambre y la desnutrición crónica infantil, que afecta a
tres de cada diez niños en el campo a uno de cada diez en las zonas
urbanas.
Subrayó al mismo tiempo que hay que garantizar el derecho a la
alimentación reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
La delegación peruana planteó también el problema de la
vulnerabilidad en la producción de alimentos debido a los cambios
climatológicos que causan la pérdida de 37 mil 300 hectáreas de
cultivos por año.
El evento es organizado por el gobierno peruano con el apoyo de
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), que provee la secretaría técnica de la
Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre.
La cita trata sobre el Derecho a la Alimentación y Seguridad
Alimentaria, Políticas Sociales, Políticas de apoyo a la agricultura
familiar y los pequeños productores, el papel de la comunicación y
la educación alimentaria y nutricional y el alza de precios de los
alimentos.
Un informe de la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) señala que en 2010 la subnutrición afectaba a
52 millones 500 latinoamericanos.
Añade que ello demuestra que, pese a los esfuerzos de los
gobiernos, no se ha logrado reducir significativamente la
inseguridad alimentaria y nutricional.
El coordinador de la Iniciativa América Latina y Caribe sin
Hambre, Juan García Cebolla, destacó la meta regional de erradicar
el hambre y la desnutrición en una década y garantizar la seguridad
alimentaria.
El funcionario añadió que la cita abierta hoy permite que los
países participantes intercambien experiencias en el combate al
hambre.
Señaló al mismo tiempo la gravedad del problema de la alta
volatilidad de los precios de los alimentos y dijo que hay una
tendencia estructural a que los mismos se mantengan elevados y
apuntó que la población destina a comprar comida el 70 por ciento de
sus recursos.
Los organizadores informaron que han aprobado leyes de seguridad
alimentaria y nutricional Guatemala (2005), Brasil (2006), Venezuela
(2008), Ecuador y Nicaragua (2009), y Honduras (2011).