Naciones Unidas denunció hoy la represión desatada por el
Gobierno de Bahrein contra activistas políticos y defensores de los
derechos humanos y condenó varios casos de personas muertas bajo
arresto.
La acusación fue hecha por la Alta Comisonada de la ONU para los
Derechos Humanos, Navi Pillay, quien reclamó una investigación
independiente sobre los decesos en prisión y alegados actos de
tortura.
En un comunicado de prensa, la funcionaria exigió a las
autoridades de ese país árabe que cesen la intimidación y el
hostigamiento contra los manifestantes y garanticen la protección de
los derechos civiles y políticos fundamentales.
Pillay también condenó el procesamiento de médicos y las
sentencias a muerte dictadas contra cuatro personas por un tribunal
militar a puertas cerradas.
El encausamiento de civiles por cortes castrenses siempre es
causa de preocupación y la aplicación de la pena de muerte sin el
debido proceso y en juicios secretos es ilegal y absolutamente
inaceptable, dijo la responsable de derechos humanos de la ONU.
El ministro de Justicia de Bahren, Khaled Bin Alí Al Khalifa,
anunció ayer un juicio militar contra un grupo de médicos y
enfermeras por supuestos actos contra el Estado (atender a
manifestantes chiitas heridos durante la represión policial).
Se trata de 23 galenos y 24 enfermeras del complejo sanitario
Salmaniya acusados por las autoridades del delito de participar en
intentos de derrocar a la monarquía sunnita e involucrarse en
marchas ilegales, reportó Prensa Latina.
La Alta Comisionada de la ONU demandó que los responsables de los
ataques y muerte de los manifestantes rindan cuenta ante la justicia
y reiteró su pedido para que una misión de Naciones Unidas sea
autorizada a investigar la situación en el país.