El esclarecimiento de la muerte del ex-presidente Salvador Allende continúa focalizando la atención en el ámbito político chileno, en el cual hay coincidencia en evaluar el proceso indagatorio como un hito en el conocimiento de la verdad histórica.

Para el exdirector de Comunicaciones del Ministerio Público Lautaro Muñoz, la justicia chilena cumple así con una responsabilidad de la que no se hizo cargo en septiembre de 1973, en el contexto del golpe de Estado contra el Gobierno de la Unidad Popular, reporta Prensa Latina.

Comenta Muñoz que hay un matiz importante no tomado en cuenta en relación con la versión del suicidio propagada por la Junta Militar y asumida incluso por la familia del exmandatario y es que la autopsia de Allende no se hizo en condiciones que aseguren confiabilidad.

Recordó el especialista que el Poder judicial tenía autoridades absolutamente comprometidas con los militares, al punto que fue el expresidente de la Corte Suprema Enrique Urrutia Manzano quien le puso la banda presidencial a Augusto Pinochet (1973-1990).

La muerte de Allende no fue entonces para la Justicia objeto de investigación y su cuerpo fue enterrado en el Cementerio Santa Inés, de Viña del Mar, entre gallos y medianoche, acotó Muñoz.

Agregó que lo verdaderamente trascendente es la certeza de que Allende muere en el marco de un golpe de Estado particularmente violento y que instaló un régimen dictatorial.

Está claro que en su muerte hubo terceros, dado el contexto real de fuerzas militares que atacaron hasta con aviación La Moneda.

Opinó el investigador que si se comprobara que el exdignatario se suicidó, eso no desmiente el contexto de un edificio en llamas y sometido al ataque de tropas militares.