El gobierno boliviano alista desde hoy la Ley de Minería, que permitirá la recuperación de concesiones en ese sector por todo el país suramericano, reportó Prensa Latina.

La norma podría ser promulgada el próximo 1 de mayo en ocasión del Día Internacional del Trabajo, fecha en la que también quedaría sepultado el Decreto 21060, de 1985, que trajo el modelo de mercado a la economía nacional, según Palacio Quemado.

De acuerdo con el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, el Gobierno recuperará unas cuatro mil concesiones ociosas que sólo hacen engordar a algunos empresarios, opinó.

Pimentel precisó que solo el 30 por ciento de las empresas mineras que tienen concesiones realizan inversiones en el territorio nacional, las que a futuro también deben adecuarse a la nueva medida.

Cuando se plantee el nuevo contrato minero nos tienen que decir qué concesión van hacer, en qué tiempo van a trabajar y cuándo será la operación. Si no cumplen estos requisitos en los contratos mineros naturalmente esto va a venir en reversión, remarcó.

En la actualidad existen en Bolivia unas seis mil concesiones mineras, pero las que están trabajando no pasan de las dos mil, según datos oficiales.

La autoridad recordó que ninguno de anteriores convenios durante los procesos de privatización han sido aprobados en el parlamento, por lo que son totalmente ilegales.

Entre los inversionistas extranjeros, el mayor es la empresa japonesa Sumitomo, que explota San Cristóbal (Potosí), uno de los yacimientos de plata, zinc y plomo más grandes del mundo.

Otras dos entidades foráneas son Coeur D'Alene, que produce plata procesando minerales propios, y la suiza Glencore, que explota cinco minas, la mayoría de plomo, plata y estaño.