ANNERIS IVETTE LEYVA

Tantear el camino que cada vez nos aproxime más al socialismo sin mácula ni medios términos es, como opinara el compañero Raúl durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, un andar hacia lo insospechado, no exento de tropiezos ni señales equívocas.

Advirtió que alcanzar nuestro horizonte social con mayor o menor prontitud, depende de que en el presente cada paso se sopese con esmero y "los errores se corrijan oportuna y rápidamente".

Definir el rumbo día tras día, o rectificarlo cuando el radar indica peligro, precisa de una organización institucional escrupulosa y coherente, donde cada una domine sus funciones y responda por ellas sin dilaciones ni tartamudeos; donde, en el apartado de la gestión económica, el Estado trace la trayectoria y las empresas aseguren el recorrido.

El tema no podía quedar a la zaga dentro del proceso de actualización que lleva adelante nuestro país, urgido a constituir un sistema empresarial con entidades "fuertes y bien organizadas" (Lineamiento 7 del Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social), lo cual no puede lograrse sin la previa "separación de las funciones estatales y empresariales" de modo "paulatino y ordenado" (Lineamiento 6).

Tal interés por descentralizar y fortalecer el trabajo que a cada institución corresponde, es un acuerdo pendiente de la política económica cubana aprobada por el Partido en su V Congreso; que aunque se implementó en algunos centros mediante el Perfeccionamiento Empresarial, a nivel de sistema ha llegado hasta hoy sin haberse logrado su generalización.

Un excesivo velar por cada actividad de la economía a ejecutar fue lo que condujo a la mayoría de los Organismos de la Administración Central del Estado, en franca práctica paternalista, a asumir desde fuera la dirección de las empresas, promoviendo con ello un efecto contrario al pretendido, pues al aminorarles las facultades, también les restaron responsabilidad.

Estas dejaron entonces de poner la vista hacia adelante en su tránsito diario y comenzaron a voltearla hacia "arriba", hacia el "organismo superior"; fueron invadidas por la inercia de aguardar dictámenes y asignaciones —lo cual en no pocos casos fue usado como margen para despojarse de toda culpa cuando no caía el maná del cielo (materias primas, piezas de repuesto)— y mutó en ellas la actitud de fomentar iniciativas por la de esperar órdenes.

Atadas a decisiones que provenían de lejos y bajan muy lento (ministerios o institutos de rango ministerial), las empresas perdieron capacidad de reacción, movilidad, y en no pocos casos dejaron de vivir de sus ingresos para subsistir de mal cumplir su tarea, sin sentirse jamás bajo la presión real de ser competitivas o perecer, porque —estaban seguras— el presupuesto ampararía.

Otras no solo descuidaron cómo emprender sus compromisos productivos —al tener alguien más que se encargara por ellas— sino que se vieron requeridas, o alentadas, a acometer misiones ajenas al fin para el cual habían sido instituidas (incluso de carácter gubernamental).

En consecuencia, los organismos del aparato estatal, concebidos para rectorar y controlar el funcionamiento de las entidades productoras, se alejaron de su rol esencial al ejercer simultáneamente como jueces y parte.

Hace más de 10 años, en la Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba (1997), había quedado signado que: "El Estado, como representante de todo el pueblo, ejerce la propiedad social sobre las empresas estatales, designa a sus directivos, aprueba sus objetivos y presupuestos, controla y exige por los resultados de la gestión; desempeña un papel regulador mediante las diferentes políticas estatales, leyes, normativas y otras disposiciones relacionadas con los diferentes aspectos del quehacer económico; no administra directamente las empresas y unidades presupuestadas sino que delega esta función y la de gestión en las administraciones designadas para ello, las cuales le rinden cuenta por los diferentes instrumentos de fiscalización y control establecidos".

Las condiciones del presente no dan margen a mayores dilaciones: o las aguas toman su cauce o nos empujan al precipicio.

Las empresas, de una vez por todas, deben marchar con pasos propios, teniendo siempre como meta el plan aprobado y respetando el marco legal de cada procedimiento.

Internamente, el cuerpo administrativo de cada una —el cual debe especializarse al máximo en su labor—, con el apoyo de las organizaciones políticas y el sindicato, puede hallar la mejor vía para conseguir los objetivos propuestos, a conciencia de que mayores facultades de decisión implican dosis proporcionales de responsabilidad, incluso en cuanto a idear fórmulas de estímulo al trabajador.

De este modo, exigir por lo contratado, diseñar el control interno, y ser precisos y objetivos en la elaboración, aprobación y ejecución del plan, dejarán de asumirse como letanías del deber ser empresarial o "llamados" formales, para empezar a valorarse por lo que son: vías de compromiso y protección.

Es medular que, a medida que se ensanchen los márgenes para la creatividad, nadie confunda aumento de la autonomía empresarial con desregulación. El trabajo del administrador o director consiste en maniobrar con los recursos disponibles y sortear los obstáculos eventuales para cumplir, en primerísimo lugar, con el objeto social asignado.

Las instituciones representativas del Estado, en tanto, han de concentrarse en proyectar las políticas a seguir, en otorgarle a cada cual su papel y en exigirle resultados; sin restringir o intervenir facultades y sin tener que cargar luego, por sustitución, con las obligaciones empresariales.