Los hallazgos en las últimas horas de 116 cadáveres en fosas
clandestinas en el estado mexicano de Tamaulipas y otros 20 en
Sinaloa, Sonora y Durango, reforzó hoy el despliegue militar para
encontrar a los responsables.
La Procuradora General de la República (PGR), Marisela Morales,
informó que fueron detenidos 17 personas como presuntos autores de
los hechos en el municipio de San Fernando (Tamaulipas), algunos de
los cuales confesaron su participación e informaron sobre el lugar
de los enterramientos ilegales.
Morales reafirmó que el Gobierno no se retirará de Tamaulipas
hasta someter y castigar a los delincuentes, y acabar con la red de
complicidades que, según las primeras investigaciones, apuntan hacia
el cártel denominado Los Zetas.
En un comunicado, la titular de la PGR significó que las acciones
de inteligencia militar y denuncias de intercepción de autobuses,
con destino a la ciudad fronteriza de Reynosa y Estados Unidos,
permitió el inicio de las indagaciones a cargo del Ejército.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora,
aseguró que el origen de la violencia evidencia la fragilidad
institucional local y la vinculación de agentes de seguridad con el
crimen, informó el diario El Universal.
El gobierno federal no se detendrá para hacer valer la ley, el
orden y la justicia en Tamaulipas y el país, añadió.
Otro reporte del periódico El Sol de Mazatlán asegura que en la
zona de Los Mochis, estado de Sinaloa, fueron encontrados 12
cuerpos, entre ellos dos mujeres, enterrados en fosas clandestinas
en un solitario paraje rural.
Mientras despachos publicados este miércoles aseveran que se
encontraron otros cuatro cadáveres en Nogales, Sonora e igual
cantidad en Durango, estado de México, todos en similares
condiciones de inhumaciones clandestinas.
Las autoridades mexicanas trabajan en la identificación de los
cadáveres y el contraste con la base de datos de las denuncias de
desaparecidos, a fin de precisar la identidad de los cuerpos, los
cuales no cuentan con documentos.
El secuestro constituye una de las modalidades del crimen
organizado y cuyo móvil es obtener el pago de rescate u obligar a
las víctimas a unirse a las bandas, reportó Prensa Latina.