Cancún.— Las
autoridades mexicanas han decomisado 102 600 armas cortas y largas a
los grupos del crimen organizado desde que asumió el poder el
presidente Felipe Calderón, afirmó ayer el portavoz nacional de
seguridad de México, Alejandro Poiré.
La cifra de decomisos del Gobierno de Calderón, quien asumió en
diciembre del 2006, supera con creces las de periodos anteriores,
como las 29 500 armas decomisadas entre 2000 y 2005, y las 44 400
que se incautaron entre 1994 y 1999.
Los últimos datos, actualizados hasta el pasado 10 de marzo,
muestran que las fuerzas de seguridad mexicanas han decomisado
también 11 849 granadas y explosivos, 10,6 millones de municiones,
501 aeronaves, 47 490 vehículos y 471,3 millones de dólares.
Poiré, quien ofreció una conferencia titulada "El esfuerzo de
México contra el fenómeno trasnacional de la delincuencia
organizada", en el marco de la XVIII Conferencia Internacional de
Combate contra las Drogas (IDEC, por su sigla en inglés), destacó
también el decomiso de 8 630 toneladas de marihuana.
Asimismo, subrayó que los agentes mexicanos han confiscado 24 242
kilogramos de metanfetaminas.
El funcionario mexicano explicó a los representantes de 103
países reunidos en la XVIII IDEC, que se celebra entre hoy y jueves
en el balneario mexicano de Cancún, que los carteles mexicanos
estuvieron dedicados "principalmente" al tráfico de drogas hasta
1990.
Sin embargo, ciertos "cambios estructurales que tuvieron lugar
durante la década de los 80 y 90 afectaron el modelo del negocio
criminal", explicó.
Al respecto, señaló que la caída en el tráfico de estupefacientes
a través del Caribe, el creciente pago que los grupos criminales
mexicanos recibían por parte de los carteles colombianos y el
nacimiento de un mercado local de drogas en México influyeron en el
crecimiento del crimen organizado en el país.
También jugaron un papel preponderante las "malas políticas
económicas puestas en marcha en México entre 1976 y 1995" que
"debilitaron el tejido social", el poco esfuerzo de los gobiernos
mexicanos para fortalecer las instituciones de justicia a nivel
local e incluso la autorización en el 2004 para que los ciudadanos
estadounidenses adquirieran armas de asalto.