Un proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza, suscrito por diputados bolivianos, endurece sanciones contra el contrabando, aseveró este viernes una fuente parlamentaria.

Según Héctor Ace, presidente de esa instancia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la norma aprobada la víspera establece una pena de hasta 12 años de prisión a los involucrados en ese delito, reporta Prensa Latina.

La propuesta remitida al Senado, dijo, en su artículo 20 introduce esa pena por los cargos de extracción, intento de extracción o almacenaje de mercancías prohibidas o suspendidas de exportación (hidrocarburos y o alimentos) subvencionados o sujetos a protección específica.

También sanciona con 10 años de cárcel al funcionario que indirectamente comercialice, autorice la comercialización o facilite la intermediación de productos subvencionados o prohibidos para su exportación.

La iniciativa prevé además la privación de libertad de tres a seis años a la persona que almacene o comercialice diésel, gasolina o gas licuado de petróleo sin estar autorizado por la entidad competente.

El proyecto asimismo legaliza la entrega del 20 por ciento de la mercancía decomisada a la persona denunciante, y el 40 por ciento en caso de que la información provenga de la comunidad o el pueblo.

Arce señaló que el Estado tiene la obligación de este tipo de medidas para evitar que el contrabando desangre a su economía, sobre todo en las fronteras.

Explicó que la norma busca el desarrollo de las áreas rurales que se encuentran cerca de las zonas limítrofes, las cuales durante décadas fueron presas de la delincuencia, el contrabando y el narcotráfico.