La cosecha de frijol en desarrollo en la provincia holguinera puede evitar que el país destine a la canasta básica y al consumo social cerca de 3 000 toneladas, las cuales evitarían un gasto superior a los dos millones de dólares, según las cuentas que llevan los funcionarios de la Agricultura en el territorio. Ellos verifican pronósticos y resultados en contacto directo con los productores en estos días de intenso trabajo.

Ahora existe mayor coordinación en el uso de las máquinas desgranadoras, el cual ya no se cobra en especies.

El monto total calculado para la campaña es de más de 3 200 toneladas al tener en cuenta también lo destinado a semilla, ventas en los mercados agropecuarios estales y el Turismo, así como el autoconsumo en las entidades productivas, explica la ingeniera agrónoma Xiomara Viera Mora, especialista en el cultivo del grano.

Los compromisos para producir son asumidos por 13 de los 14 municipios de la provincia (Moa es la excepción), en los cuales fueron sembradas 5 700 hectáreas. A Gibara le corresponde el 44% del plan. Luego están Holguín, Banes y Rafael Freyre.

Con el propósito de evitar baches en el acopio del grano, los sacos fueron adquiridos a tiempo y en cantidades suficientes.

"Estamos siguiendo muy de cerca los rendimientos. A las áreas con sistemas de riego se les calculó como promedio 1,05 toneladas por hectárea, mientras que en las de secano debemos obtener 0,7", puntualiza la funcionaria.

La arrancada resultó por lo alto. En enero el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) recibió 150 toneladas de las comprometidas y al cierre de febrero ya acumulaba algo más de 683, cantidad que rebasa el total de lo entregado a ese organismo en la cosecha anterior.

El municipio de Gibara, que a finales del mes pasado recolectó más de 700 toneladas, sobrepasa así con creces lo que necesita para autoabastecerse en el 2011 con el frijol correspondiente a la canasta básica y el consumo social, lo cual también debe lograr esta vez el territorio de Rafael Freyre, cuyo estimado productivo está por encima de las 288 que requiere, considera Nivardo Ibarra Martínez, directivo responsable de los Cultivos Varios en la Delegación Provincial de la Agricultura.

Pero lo grande, dice, es ahora en marzo, porque hay que recoger con la mayor brevedad posible más de 2 200 toneladas, al entrar en el periodo pico la mayoría de las formas productivas que sembraron la leguminosa.

Esta vez es imposible ignorar las condiciones naturales favorables. En noviembre y diciembre pasados, cuando comenzó la siembra, la temperatura se mantuvo entre 22 y 25⁰C, ideal para el cultivo, razón por la que estamos en un año frijolero, explica el ingeniero Jorge Martínez Vega, director de la Empresa de Cultivos Varios y Acopio José Serrano Ávila, de Gibara.

El comportamiento de la naturaleza poco habría resuelto de no conjugarse con otros factores. "Con la excepción del combustible, que fue entregado con alguna demora, el resto del llamado paquete tecnológico, o sea, los nutrientes para el suelo (nitrógeno, fósforo, potasio, urea, etc.), así como los plaguicidas y fungicidas, en cantidades aceptables estuvieron disponibles en la provincia desde septiembre", argumenta.

No hubo que lamentar la falta de sacos para envasar la producción y el dinero con el que Acopio paga la cosecha también fue situado a tiempo en los bancos. En el municipio de Gibara, de acuerdo con lo manifestado en granjas y cooperativas visitadas por Granma, hay satisfacción porque el pago, hasta ahora, se hace por lo general en el transcurso de 72 horas.

"Un fuerte estímulo —insiste Martínez Vega— son los precios actuales (600 pesos el quintal de frijol negro y 650 el de colorado), establecidos desde el principio de la cosecha. En la anterior los elevaron después que una parte de los productores había realizado sus entregas a Acopio".

De igual forma, acepta que debieron enfrentar las deficiencias organizativas internas. "Por eso en la etapa de preparación realizamos contactos con la mayor cantidad posible de quienes decidieron sembrar el grano, para establecer el potencial de cada área. Luego insistimos en los compromisos particulares y colectivos, decisivos a la hora de entregar los insumos.

"Las semillas y el paquete tecnológico no permanecieron en los almacenes de la empresa por más de 72 horas y los distribuimos en correspondencia con la programación de siembra.

"Las 54 desgranadoras pertenecientes a entidades estatales y cooperativas ahora prestan servicio de acuerdo con las prioridades de las formas productivas de su radio de acción. Por cada quintal que limpian reciben12 pesos y 50 centavos, evitando así el pago en especies, que afectaba los ingresos de los que no poseen las máquinas. Con ello controlamos mejor el destino de lo procesado, porque la operación comercial queda registrada en documentos".

El estado de ánimo de los productores es alto. A pesar de que los pozos estaban prácticamente agotados en la etapa de crecimiento de las plantas, la Cooperativa de Crédito y Servicios Radiel Rodríguez entregó las 32 toneladas prometidas y hace un esfuerzo por aportar un extra; en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Mártires del Moncada hablan con orgullo del buen rendimiento en las 50 hectáreas sembradas para obtener semillas, y en la Empresa de Cultivos Varios Ángel Guerra (con administración del Ejército Juvenil del Trabajo, en La Yuraguana, municipio de Holguín) sus directivos estiman 224 toneladas para esta cosecha.

En esos colectivos censuran la conducta de los productores del grano que no declaran todo lo obtenido en sus áreas y lo comercializan de forma ilegal a precios muy altos.

La ingeniera agrónoma Xiomara Viera aclara que en esta campaña hay mayor control a pie de surco y se ha exigido la aplicación de las leyes vigentes en los casos que detecten violaciones graves.

"Por ejemplo, fueron confiscados un tractor y una carreta a un propietario que intentó vender un cargamento de frijol antes de que la Cooperativa de Crédito y Servicios Héctor Batista, a la que está asociado, cumpliera las obligaciones con Acopio.

"Quienes dicen que no pueden cumplir los compromisos contraídos, tienen que demostrar las causas, lo que lleva la certificación de las juntas directivas de las cooperativas".