Fuerzas de la oposición chilena rechazaron de modo tajante que un
proyectado indulto carcelario, anunciado como medida para enfrentar
la crisis del sistema penal, se extienda a exmilitares violadores de
derechos humanos, reporta Prensa Latina.
Aunque el vicepresidente del país y ministro del Interior,
Rodrigo Hinzpeter, señaló ayer que es posible que la figura del
indulto no se incorpore al proyecto que será presentado al
Legislativo, la posibilidad de un eventual beneficio a los
exrepresores generó alarma en el escenario político.
El tema saltó a la agenda pública luego que el último fin de
semana el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, convocó a
representantes y parlamentarios de todos los partidos para
exponerles detalles de la iniciativa del Placio de La Moneda como
respuesta al grado de hacinamiento de las cárceles chilenas.
Según Bulnes, el plan del Ejecutivo favorecería al 20 por ciento
de las más de 50 mil personas que integran la población penal,
incluidos enfermos terminales y personas mayores de 80 años que
hayan cumplido dos tercios de las condenas, ángulo este último que
despertó suspicacias en la oposición.
"Como partido, tenemos un límite ético que es intransable y no
vamos a aceptar ningún tipo de perdón respecto a violadores de
derechos humanos", subrayó ante la propuesta el presidente del
Partido Socialista, Osvaldo Andrade.
Hay delitos que son indultables y otros no, y ese es el caso de
los delitos de lesa humanidad, coincidieron los timoneles de los
partidos por la Democracia, Carolina Tohá, y del Radical Social
Demócrata, José Antonio Gómez.
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aplaudió
por su parte que se quiera enfrentar la crisis del sistema
carcelario chileno, pero se opuso enfáticamente a cualquier
beneficio para exvioladores de derechos humanos.
Ilustró incluso cómo los recintos donde guardan prisión los
exmilitares no son precisamente los que están sobrepoblados y
advirtió que, por el contrario, aún quedan muchos de los
exrepresores que deben ser condenados.