Investigadores de la Universidad de Columbia, Estados Unidos,
alertaron al presidente dominicano, Leonel Fernández, que podría
ocurrir en el norte del país un sismo de magnitud ocho en la escala
abierta de Richter.
Los científicos tienen previsto reunirse con Fernández a fines de
abril para explicarle los riesgos y las medidas que podría adoptar
Dominicana para prepararse ante un desastre de esa magnitud.
Richard Plunz, director del laboratorio de Diseño Urbano de dicha
universidad, que ha realizado las investigaciones, aseguró que el
sismo, más potente que el que devastó Haití en enero de 2010, podría
generar daños muy serios a largo plazo.
A lo largo de la falla geológica septentrional, donde se
encuentra Santiago de los Caballeros, segunda ciudad en importancia
del país con más de un millón de habitantes, es la zona de mayor
peligro.
También señala el estudio que la falla Hispaniola, en el océano
Atlántico, es otro punto débil que podría representar peligro para
zonas turísticas como Punta Cana, al noreste de Dominicana.
El decano de la facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la
misma universidad, el dominicano Feniosky Peña-Mora, insistió en la
urgencia de actuar desde ahora.
El estudio les fue solicitado por el presidente Leonel Fernández
luego de la catástrofe en Haití y ante los riesgos de terremoto para
la República Dominicana.
El informe que presentarán al presidente identifica las
principales vías de transporte y centros urbanos que podrían quedar
afectados por el temblor, además de edificios clave como hospitales,
escuelas o aeropuertos.
Los ingenieros plantean la conveniencia de cambiar las reglas de
urbanización, con la recomendación de no otorgar más licencias de
construcción en zonas vulnerables a un sismo.
También habría que comenzar una campaña para educar a la
población sobre cómo actuar y elaborar un plan de coordinación entre
los distintos ministerios a fin de actuar de forma conjunta.
El embajador dominicano ante las Naciones Unidas, Federico Cuello
Camilo favoreció impulsar la voluntad política necesaria para
convertir la prevención en una prioridad.