Más de 30 años tuvo que esperar el poeta argentino Juan Gelman para encontrar a su nieta desaparecida. En el año 2000 volvió a ver a Macarena, la niña arrebatada a su familia cuando era apenas una bebé y entregada a un policía.

Otro tanto puede decirse de Clelia de Fontana, de 79 años, quien en el 2009 experimentó una de las mayores satisfacciones de su vida cuando recuperó a su nieto, Alejandro Sandoval.

La de Francisco Madariaga es una historia parecida. Conoció a su verdadero padre en el 2010, a los 33 años, y así recuperó su identidad.

Aunque parecen de ficción, estas historias reviven hoy con mucha más fuerza. Sus protagonistas tienen en común el haber sido testigos (y víctimas) de odios pasados, de la violencia irracional, la persecución, la represión, la tortura y el terrorismo de Estado.

Formaban parte, sin saberlo, del llamado "Plan Sistemático" (más bien diabólico, de la última dictadura militar argentina, que contemplaba además "cortar los lazos de sangre entre los niños secuestrados, ya sea en operativos junto con sus padres o los nacidos en cautiverio".

El procedimiento para apropiarse de los menores fue denunciado por la organización Abuelas de la Plaza de Mayo. Este grupo de valientes defensoras de la justicia y los derechos humanos, surgió en la década de los 70 para exigir la aparición de sus nietos.

En la actualidad, estiman que son alrededor de 500 los casos de menores desaparecidos durante la represión de aquellos gobiernos militares. Muchos nacieron en cautiverio, pero otros fueron secuestrados de pequeños junto a sus padres y a ellos hay que sumar los niños que se presume fueron asesinados.

En total hay 102 personas que ya recuperaron su identidad. De ellas, la mayoría había sido apropiada por agentes de la represión que les "borraron las memorias" y los criaron como hijos biológicos. Otros, en cambio, habían sido adoptados de buena fe.

SIN REMORDIMIENTOS

¿Qué puede pasar por la cabeza de una persona capaz de semejante atrocidad? ¿Tantos años viviendo como si nada hubiera pasado?

El banquillo de los acusados de la justicia argentina es ocupado nuevamente con la presencia del dictador Jorge Rafael Videla, quien en esta ocasión es la "figura" de un histórico proceso que, por primera vez, indaga en los métodos utilizados en semejante operación.

El pasado diciembre, Videla fue condenado a prisión perpetua por un tribunal de Córdoba, que le juzgó por el fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976.

Al represor se le une en esta ocasión Reynaldo Bignone, sentenciado en abril del año pasado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, y otros seis especímenes de la dictadura.

Miles de excusas podrían esgrimir los enjuiciados por los delitos de sustracción, retención, ocultamiento y sustitución de identidad de menores de diez años; por el robo de 33 niños, hijos de opositores al régimen militar. Sin embargo, sería justificar lo injustificable.

Los acusados, que no escatimaron sonrisas, escucharon imperturbables los cargos leídos contra ellos en la primera jornada del proceso.

Durante diez meses los tres magistrados del tribunal escucharán a más de 370 testigos, juzgarán 34 casos de robos de bebés a mujeres que, en su mayoría, dieron a luz en los centros de detención de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), la guarnición militar de Campo de Mayo y el denominado Pozo de Banfield, en Buenos Aires.

De los casos expuestos en el proceso iniciado el pasado 28 de febrero, algunos permanecen desaparecidos y otros fueron restituidos. Entre los que no han sido hallados está el nieto de la presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Entre los restituidos está la nieta del poeta Juan Gelman; el legislador de la ciudad de Buenos Aires, Juan Cabandié, nacido en la ESMA, así como la diputada nacional Victoria Donda.

La apropiación de menores fue un delito que no se constituyó como figura penal hasta después de las llamadas leyes del perdón y del indulto de los años 80, que pasaron por alto los crímenes de miles de represores, y a los excomandantes condenados.

Casi a fines de los 90, las Abuelas consiguieron que la apropiación y el robo sistemático de hijos de desaparecidos fueran considerados delitos de lesa humanidad. Fue por esa vía que los abogados de la entidad iniciaron un proceso legal contra Videla y el resto de los oficiales.