Contar con una vivienda es un anhelo que no tiene discusión, pero ocupar sin permiso de las autoridades correspondientes un terreno para construirla, constituye un acto ilegítimo. Esto último lo pasan por alto muchas personas y es un asunto bien conocido por Joel Ronda Pupo, presidente del Consejo Popular de Agua Clara (82 kilómetros cuadrados, con más de 7 000 habitantes), una de las 21 estructuras de este tipo en el municipio de Holguín.

"El barrio de Guajavalito —explicó— es ejemplo vivo del crecimiento constante de Agua Clara. De acuerdo con la información que tengo, los primeros solares fueron entregados en 1970, hasta que hubo una explosión de solicitudes aprobadas en 1980. Luego se fue algo de la mano el control, y la gente empezó a actuar indisciplinadamente".

Así aumentaron en espacio los barrios y los asentamientos existentes, y surgieron otros, hasta llegar a más de una decena en el Consejo Popular. No se tuvieron en cuenta límites territoriales, requerimientos urbanísticos, condiciones de habitabilidad y destino de las áreas.

Las dificultades que trae el crecimiento no planificado de las áreas poblacionales afectan en conjunto al municipio de Holguín, que tiene un fondo habitacional de unas 105 057 viviendas y, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), alrededor de 342 717 habitantes.

En el panorama de la ciudad de Holguín conviven la urbanización y el desorden constructivo, como se observa al fondo de esta imagen en la Loma de los Guillenes.

Armando Jesús Pérez, jefe del Departamento que en la Dirección Municipal de Planificación Física confecciona el Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano, precisó que evalúan y elaboran variantes para el desarrollo de los barrios y asentamientos. "Mientras se espera para construir lo planificado, aparecen las personas que ocupan arbitrariamente partes importantes de las áreas escogidas. Uno de los daños está en el aprovechamiento ineficiente del terreno, porque en lugar de construir de 150 a 170 viviendas por hectárea, que es lo óptimo, nos quedamos en 50 o 70".

Otro de los problemas fue revelado por Jorge Luis González, técnico en operaciones de la Unidad Empresarial de Base Acueducto Holguín, al afirmar que está ocupada por viviendas ilegales un área donde debe construirse un depósito, contemplado en los planes de desarrollo para el suministro de agua a la ciudad.

"En las más recientes labores de rehabilitación de redes encontramos un serio obstáculo por la anarquía con que fueron ubicadas en las laderas de las elevaciones muchas casas, hoy legalizadas. A muchos de esos lugares fue imposible llegar con los equipos que hacen las zanjas por la irregularidad del terreno y las calles estrechas y mal trazadas", recordó.

Granma lo constató en los recorridos realizados por la ciudad de Holguín, ocasiones en las que también observó cómo improvisadas chozas y sólidas viviendas parecen competir por escalar más alto en las cuestas de la Loma de la Cruz y de otras elevaciones que rodean esta capital provincial, amenazando con conquistarlas definitivamente, como ocurrió en Los Guillenes, en el Consejo Popular de Alcides Pino.

Ramón Vigueras Ochoa, inspector de Planificación Física, quien realiza esa función desde 1980, cuando pertenecía a Control Urbano, afirmó que entonces se operaba con mayor rigor. "Al mismo tiempo que imponíamos las multas, actuaba una brigada de demolición amparada por la legislación pertinente. Era una cuestión muy operativa para restablecer el orden. Ahora está el Decreto-Ley 272 del 2001, que establece multa, decomiso y demolición, pero se actúa con lentitud".

La responsable de los inspectores en esa instancia, Aminadad Estévez Rodríguez, dijo que de los ocho considerados en la plantilla solo disponen hoy de cinco para cubrir el municipio.

Al no actuar a tiempo, los violadores del orden se aprovechan y hasta achacan su proceder a otros, como ocurrió recientemente en el Consejo Popular de San Rafael, donde fue necesario demoler algunas viviendas construidas en sitios inapropiados. "¿Por qué nos permitieron levantarlas sin advertencia alguna?", repetían a modo de argumento.

El complejo panorama se atribuye al insuficiente control de las áreas de las entidades que tienen tierras bajo su responsabilidad, sobre todo la Agricultura; a la débil actuación de los cuerpos de inspección (Planificación Física, Dirección de la Vivienda); así como al movimiento de muchas personas en busca de mejoras socioeconómicas y pocas acciones para resolver los problemas que eso crea, significó Vitaliano González Reyes, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, institución que también tiene el deber de enfrentar y tratar de dar solución a estos fenómenos.

"En el municipio hoy tenemos identificados 37 barrios precarios, muchos de ellos con décadas de creados. La estrategia actual consiste en no permitir el levantamiento de otras viviendas y reordenar lo que sea posible. Es un esfuerzo en el que debemos marchar más unidos las estructuras del Gobierno, el Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades, los cuerpos impositores que suman más de 25 en el municipio, los responsables de las tierras, los grupos de trabajo comunitario de los Consejos Populares y las organizaciones de masas".

Con este enfoque colectivo —cree este reportero—, es posible poner fin a la situación descrita. La Agricultura, que hoy tiene a su favor haber encontrado en la creación de las fincas forestales integrales un recurso para evitar la ocupación arbitraria de sus tierras, aún debe insistir para que los cuadros se involucren a fondo en el asunto e interactúen con los demás organismos.

Es inadmisible que los delegados de Circunscripción o los presidentes de los Consejos Populares aprueben o faciliten la ocupación de un terreno sin la autorización de la entidad facultada. Tampoco pueden dejarse llevar por la buena voluntad o manifestaciones de populismo para solicitar —y lograr como ha ocurrido más de una vez— que se extiendan las redes de acueducto o se instalen metrocontadores de electricidad a las personas que llegaron y levantaron por decisión y "leyes" propias sus viviendas.

Este año la venta libre de materiales de la construcción ascenderá a 40 000 000 de pesos en el municipio, y a la par de todos los beneficios que reporta para quienes tienen sus permisos en regla, podría estimular el mejoramiento de las precarias viviendas levantadas ilegalmente o la ocupación de nuevos terrenos.

Al respecto, Miguel Céspedes Aguilera, jefe del Departamento de Control Territorial en la Unidad Municipal de Inversiones de la Vivienda (UMIV), puntualizó que la comercialización de materiales no exime del cumplimiento de las regulaciones urbanísticas previstas en la Resolución 11 del 2006, que rige la construcción de viviendas por esfuerzo propio.

"Sin la debida licencia, siguen siendo ilegales las nuevas construcciones, la ampliación de las existentes, su remodelación o incremento y la división de áreas útiles", aclaró.