Setenta y dos entidades sociales, cívicas y políticas —incluidos
todos los partidos de oposición— se sumaron a la gigantesca marcha.
Los participantes en la protesta llevaban carteles en rechazo a
la presencia policial en el recinto, respuesta del gobernante Luis
Fortuño a la lucha estudiantil en contra de una cuota especial de
800 dólares que desembocó el año pasado en una huelga de 60 días.
"No podemos estudiar en un campus tomado militarmente, con el
acoso permanente de la policía y su viciosa represión", dijo a PL
una joven manifestante contra la presencia de los agentes, que han
sido acusados de torturar a estudiantes arrestados y de acosar
sexualmente a las universitarias.
Tal fue la conducta escandalosa de las unidades antidisturbios,
que el propio presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, tuvo que
renunciar tras demandar la salida de la policía de los once recintos
del sistema.
Por su parte, la Asociación Puertorriqueña de Profesores
Universitarios denunció tener información sobre una reunión en los
altos niveles del Estado, en la que se evaluó que "todo está
saliendo bien" en la crisis en la UPR y que "solo falta" un muerto
para achacárselo a los estudiantes, según NCM Noticias.
De igual forma, llegó el primer informe de un estudiante
despedido de su empleo en una empresa turística, como represalia por
su participación en la huelga.